El Gobierno quiere que economistas y biólogos controlen las obras hidráulicas

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer que el Gobierno planea reformar durante esta legislatura la estructura de las confederaciones hidrográficas que gestionan las cuencas fluviales de titularidad estatal, para que funcionen como «organismos públicos» de control del uso del agua. Según Narbona, la actual estructura de las confederaciones está pensada para hacer obras públicas en el dominio público fluvial, y no para gestionarlo de acuerdo con sus necesidades medioambientales. La ministra, que participó en un curso de verano en Santander, aseguró que su departamento desarrollará durante toda la legislatura una reforma «en profundidad» de esos organismos, y que uno de los aspectos principales de ese proceso será el cambio en el perfil de los profesionales que trabajan en ellas. Nuevo perfil Así, al nutrido grupo de ingenieros con los que cuenta la Confederación Hidrográfica Nacional y las nueve confederaciones que dependen de ella, se incorporarán biólogos y economistas encargados de evaluar el impacto medioambiental y socioeconómico de las obras civiles. Además, se estrecharán las relaciones con las confederaciones hidrográficas de las cuencas que dependen de las comunidades autónomas. Medio Ambiente justifica esos cambios en la necesidad de cuidar la calidad del agua al menos con el mismo empeño con el que hasta ahora, según su versión, se venían cuidando las obras hidráulicas, y añade que la falta de compromiso de los gobiernos del PP ha provocado que aún no se haya acometido el deslinde de la mayoría de los cauces y que «muchos de ellos estén ocupados ilegalmente por construcciones». Un recibo más completo La ministra también aclaró la subida de los precios del agua prevista para el 2010, puesto que el precio de potabilizar y llevar el agua hasta los usuarios y de depurarla después para evitar que llegue contaminada al mar y a los ríos se irá aplicando progresivamente en el recibo en un proceso que culminará en el dicho año, cuando su precio contemple íntegramente todos los gastos del tratamiento hídrico.