Recuperación de suelos contaminados: un problema de costosa solución

En España se producen anualmente más de 2 millones de toneladas de metales pesados, hidrocarburos, organoclorados, pesticidas y otros residuos tóxicos y peligrosos. De esta cantidad, solamente el 25% recibe el tratamiento adecuado mientras que el resto es vertido de forma ilegal, lo que supone un agresión contra el medio ambiente y la salud. En un suelo contaminado se produce una alteración de sus microorganismos, disminuye su capacidad de autodepuración y aumenta el riesgo de erosión. Además, los contaminantes vertidos acaban atentando contra nuestra salud pudiendo provocar distintas enfermedades. Según el inventario elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente existen en España unos 5.000 suelos contaminados aunque se supone que su número es muy superior. Los mayores problemas están relacionados con los pesticidas químicos (lindano), los hidrocarburos (vertidos de gasolineras o lubricantes de automoción) y los metales pesados (desechos industriales y mineros) y su recuperación va a suponer, además del daño a los recursos naturales (suelo, agua y aire) y a nuestra salud (que no se ha evaluado), más de 780 millones de euros. Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia son las comunidades que cuentan con mayor número de emplazamientos contaminados, mientras que Baleares, La Rioja y Extremadura tienen un desarrollo industrial más limpio. La situación en Castilla y León En Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente realizó un inventario que incluye más de 200 zonas afectadas por la contaminación, el 70% de las cuales se distribuyen por las provincias de Valladolid, Burgos, León y Palencia. Además, en ausencia de una normativa específica a nivel nacional desarrollada por la Ley de Residuos, ha elaborado el borrador de un plan de suelos contaminados por residuos peligrosos para intentar paliar este grave problema. A pesar del vacío legal, en los últimos años la Administración regional ha actuado en el 10% de los suelos incluidos en el catálogo y promovido la aplicación de planes de descontaminación en otros terrenos industriales que han ido apareciendo y que no estaban incluidos en el listado original. La recuperación de un suelo contaminado es competencia del propietario del terreno, al que corresponden los gastos derivados de su limpieza, mientras que la Junta de Castilla y León supervisa los trabajos de descontaminación. Con el fin de aumentar su eficacia, la Consejería de Medio Ambiente cuenta con técnicos en las comisiones de urbanismo de los ayuntamientos encargados de realizar la inspección del terreno antes de concederse la licencia de construcción que queda supeditada a la aplicación de un programa de descontaminación de obligado cumplimiento por parte de la empresa.