Diario de León

El grupo socialista alega que se tiene que realizar una reforma total y no «por trozos»

El PSOE tacha de insuficientes las propuestas sobre permiso de paternidad

Las reformas presentadas tienen un coste superior a la subida de las pensiones del 2005

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Europa Press | madrid

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El PSOE rechazó ayer en solitario la toma en consideración de tres proposiciones de ley presentadas por CiU, Izquierda Verde-IU-ICV y Grupo Mixto para regular el permiso de paternidad como parte de las medidas destinadas a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, al entender que sólo hacían referencia «a una parte muy pequeña del problema». Como alternativa, el Grupo Socialista dijo que el Gobierno traerá en el próximo periodo de sesiones una ley más «amplia» tras hablar con los agentes sociales. Las iniciativas presentadas en el Congreso de los Diputados recibieron el respaldo de PNV y CC, además del de las propias formaciones que las presentaron, mientras que PP y ERC optaron por la abstención ante las modificaciones que se proponían, fundamentalmente de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. La diputada del PSOE Isabel López i Chamosa aseguró compartir los objetivos de algunas de las iniciativas presentadas en la Cámara Baja, pero descartó «la fórmula y el momento» escogidos al considerar que las reformas presentadas por los grupos parlamentarios «hacen referencia a una parte muy pequeña de lo que supone la conciliación de la vida familiar y laboral», en referencia a la ampliación del permiso de paternidad. A su juicio, no es conveniente realizar reformas «a trozos» que luego presenten «dificultades» para su aplicación. Por ese motivo aseguró que el Gobierno «cumplirá su compromiso» y presentará, durante el próximo periodo de sesiones un proyecto de Ley que suponga una «modificación amplia» de la citada ley de 1999, «negociado con los agentes sociales». Sobre esa base defendió que los agentes sociales «han de ser tenidos en cuenta» y advirtió sobre las consecuencias económicas de algunas de las iniciativas presentadas, al asegurar que «tienen un coste superior a lo que se van a subir las pensiones el año que viene». La diputada socialista lamentó que el resto de formaciones hubieran rechazado un acuerdo que implicara el compromiso del Gobierno para «traer el año que viene una ley». No obstante, invitó al resto de partidos a que «guarden sus propuestas» hasta que el Ejecutivo aporte un texto, y concluyó afirmando que es preferible regular esta problemática «bien, despacio y de forma consensuada». Impacto presupuestario «No hacemos demagogia, consideramos que es de tal calado y envergadura (la reforma) que no es aprobable sin someterla al diálogo de los sectores implicados» añadió la portavoz popular, quién expresó la necesidad de que se realice, con anterioridad, un estudio «serio y riguroso del impacto presupuestario» de estas medidas. El PP mostró su deseo de que el Gobierno establezca un calendario para hablar con los agentes sociales implicados, y para que en un plazo de tiempo «razonable» presente un proyecto «serio, con medidas pensadas y consensuadas». La diputada de CiU, Mercè Pigem, defendió la proposición de ley presentada por su formación, con el fin de otorgar una «atención prioritaria» a la protección de las familias y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en especial, para implicar al hombre introduciendo un «elemento de discriminación positiva» hacia el padre, que actualmente no existe.

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