Diario de León

El Gobierno aprueba mañana un texto en el que reconoce todos los derechos a las uniones gais

La ley del matrimonio gay permite a los homosexuales adoptar niños

El PP acepta las parejas de hecho, pero sigue negando el matrimonio y la adopción El Papa llama a su

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Arantza Prádanos - madrid
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El anteproyecto de ley que aprobará mañana el Gobierno para regular los matrimonios entre personas del mismo sexo permitirá a éstos adoptar niños. Según fuentes del Ejecutivo, el texto equipara los derechos de estas parejas a los del matrimonio tradicional, como la pensión y la herencia, como ya adelantó en mayo el ministro de Justicia, López Aguilar. El texto que aprobará el Gobierno equipara a las parejas homosexuales con las heterosexuales en el derecho de adopción, ya que éste «no es inherente a la institución del matrimonio, sino a la necesidad del menor», añadieron las fuentes. En vísperas del proyecto de ley del matrimonio homosexual que el Gobierno presentará mañana, el PP dio a conocer su alternativa para legislar sobre las parejas de hecho, sean de igual o distinto sexo. Una propuesta que los populares consideran «ajustada» a las demandas sociales frente a la «radicalidad» del Ejecutivo, semejante a la legislación mayoritaria en Europa, y que traza diferencias apenas semánticas entre uniones civiles de hecho y matrimonios. Tras ocho años de negativas cuando gobernaba, el PP se une ahora a la corriente y equipara de facto a las parejas de hecho -hetero y homosexuales- con los matrimonios, con la única salvedad de la adopción, que excluye del listado de prerrogativas del emparejamiento informal por la vía civil. La adopción «es la única y principal diferencia con el matrimonio», admitió ayer Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario en la presentación del texto. El PP enarbola bandera de la «libertad personal» para regular el tipo de convivencia entre dos personas unidas por «afectividad análoga a la conyugal», y los efectos jurídicos que quieran que genere esa convivencia. Convierte a las uniones de hecho en contratos privados en el que los dos miembros de la pareja escogen el grado de compromiso jurídico y las consecuencias legales que aceptan, y en el que el régimen personal y patrimonial de convivencia será «el que hayan decidido voluntariamente atribuirse».

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