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Publicado por
ANTONIO CASADO
León

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ESTOS días llueven sobre el PSOE acusaciones de anticlericalismo trasnochado. Se supone que los nuevos gobernantes quieren ahogarnos a todos bajo una perversa ola de laicismo, precursora de toda clase de males. Más bien habría que hablar de antiprogresismo obsesivo, el que aflora entre quienes solo ven una izquierda expropiada por el revanchismo. Siguen creyendo que socialistas y comunistas permanecen a la espera de ajustarle a la Iglesia Católica ciertas cuentas pendientes desde los tiempos de la guerra civil. Qué barbaridad. Por suerte vivimos en una democracia normalizada y los ciudadanos españoles no están por apuntarse a controversias artificiales o conflictos forzados entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo el ruido es ensordecedor cada vez que el Gobierno propone tal o cual iniciativa que, de cerca o de lejos, puede tocar la doctrina de la Iglesia. O sus intereses, que también hay de eso. Nunca mejor dicho, en estos casos suelen hacerse oír los que son más papistas que el papa. Y eso ha ocurrido ante las propuestas del Gobierno socialista en materia de enseñanzas religiosas, donde hasta el propio PP, por medio de su portavoz parlamentario en materia de Educación, Eugenio Nasarre, ha mostrado su disposición a participar constructivamente en el debate. Ahora el pretexto ha sido la religión en los centros públicos de enseñanza. Antes fueron, y volverán a ser, asuntos como el divorcio, el aborto, la eutanasia, los matrimonios entre homosexuales, etcétera. Cualquier ciudadano medianamente atento a las cosas públicas distingue entre las dos esferas, la civil y la religiosa, pero quienes se dedican a amplificar discrepancias entre el Gobierno y la Iglesia, olvidan esa pedagogía. De manera que a veces resulta muy oportuno y hasta imprescindible, recordar obviedades tales como que el Estado ha de ocuparse de hacer buenos ciudadanos al tiempo que mejorar su calidad de vida. Del mismo modo, pero en el ámbito de las creencias religiosas, la Iglesia tiene la obligación de hacer buenos fieles católicos y procurar la salvación de su alma. El presidente ha tenido que recordar a quienes más pasión echan estos días al supuesto peligro del laicismo que nos acosa, que las leyes se hacen en el Parlamento, que es un poder del Estado, y que no es función del Estado señalar a los individuos el camino del cielo o del infierno.