La OCDE afirma que la gestión del agua en España «no es sostenible»
De las muchas asignaturas que el país tiene pendientes en materia medioambiental, la del agua es la más relevante. La gestión que del agua se hace en España, cuánto se usa y cómo se usa, «está lejos de ser sostenible». El dictamen es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 30 de los países más avanzados del mundo, y acompaña el veredicto con 46 recomendaciones para mejorar el aprovechamiento de este recurso básico e introducir principios de racionalidad en el cuidado general del entorno natural. La OCDE presentó ayer su informe Actuaciones Ambientales en España en el Ministerio de Medio Ambiente. Su titular, Cristina Narbona, hizo de anfitriona satisfecha porque considera que el estudio, que pasa revista cada cinco o seis años a los países miembros, le da la razón en su batalla contra las políticas hídricas no sostenibles. «Me siento apoyada por el informe», declaró antes de insistir en la «neutralidad» política de las evaluaciones de esta organización multilateral. Una de las recomendaciones de la OCDE en efecto, pide la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), sobre la base de datos recabados en el 2003, cuando el trasvase del Ebro era la obra estrella del proyecto del anterior Gobierno. El responsable de la división medioambiental de la OCDE, Lorents Lorentsen, presente en el acto, prefirió no opinar sobre la pertinencia del trasvase o su derogación. En el capítulo del agua, el estudio sugiere actuar sobre su calidad, deficiente en muchos ríos y embalses españoles; pide la mejora de los sistemas de depuración de aguas residuales; defiende el pago íntegro del precio del agua por parte de sus usuarios y la recuperación total de costes, en la línea de la directiva comunitaria que entrará en vigor en 2010 para inducir a la responsabilidad en la utilización del agua. Insta a la modernización de regadíos y el control de la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Denuncia también la excesiva presión urbanística, turística e industrial que se ejerce sobre la costa y el litoral. Entre las recomendaciones, la OCDE pide además firmeza de las administraciones en la aplicación del principio «quien contamina paga», especialmente hacia las empresas y las industrias.