Policías bajo sospecha

El caso del violador en serie que actúa en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia argentina del mismo nombre, tiene a maltraer a las autoridades. Treinta y cuatro mujeres jóvenes violadas en dos años y la teoría de que el abusador se esconde disimulado en la comunidad, incluso entre las fuerzas de seguridad, han llevado al gobernador provincial a tomar acciones extremas, como la de ordenar el examen de ADN de los doce mil policías provinciales. Su propósito es el de comparar los resultados con el obtenido de las muestras de semen extraídas de las víctimas. La Justicia, apoyada en las declaraciones de algunas de las mujeres que se animaron a hablar, sospecha que el violador podría ser un policía cordobés. «Si un tipo que nos tiene que cuidar, al que le pagamos el sueldo, anda violando señoras y señoritas por la calle, habría que darle cadena perpetua. ¡Qué mejor para terminar con la duda que hacerles un ADN a todos los policías!», afirmó el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota. Retratos robot Ayer se dieron a conocer tres retratos robots realizados por algunas de las mujeres ultrajadas. La imagen, reproducida en todos los medios de comunicación de la provincia de Córdoba, es la primera aproximación a la identidad del delincuente. La semana pasada, Ana, de 20 años, una de las jóvenes sometidas por el violador, difundió por correo electrónico un relato pormenorizado de lo sufrido, produciendo un fuerte impacto en la sociedad. Mientras, ayer se conocieron detalles de un nuevo ataque sexual cometido contra una joven estudiante en la Ciudad Universitaria. La tarea de realizar el análisis del ADN a tantos efectivos policiales no es sencilla. Los estudios se realizarán en el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (Ceprocor). En un mes se podrán realizar unos 300 estudios de ADN de policías, por lo que la tarea total requerirá no menos de 18 meses. La realización de un examen de ADN particular cuesta 77 euros, por lo que el gobierno provincial gastará un millón de euros. El gobierno estudia contratar laboratorios privados para acelerar los trámites y tener todos los análisis en poco más de 120 días. Para reforzar la presión, el gobierno local agregó una recompensa de 15.000 euros. El sábado, el gobernador De la Sota dijo en televisión: «Con tal de atrapar a ese degenerado, que tanto daño hace, que tanto miedo infunde, no importa lo que gastemos. Yo tengo que tratar de que no siga violando y tengo que ponerlo preso».