Condenan a 40 años al acusado por la muerte de 37 inmigrantes

Cuarenta años: un año de cárcel por cada inmigrante muerto en la patera que naufragó en Rota, más tres por atentar contra los derechos de los trabajadores (tráfico de inmigrantes). Esta es la condena que le ha caído a Hamid Echokhch, un marroquí de 35 años que acompañaba al patrón de la patera que se hundió en aguas gaditanas el pasado 23 de octubre del 2003 en la que murieron 37 personas. Echokhch, que fue detenido tres días después de la tragedia, gracias al testimonio de un testigo protegido al que la policía ofreció papeles a cambio de revelar lo sucedido ese fatídico día, lleva en prisión preventiva desde entonces y ha amenazado en más de una ocasión con suicidarse si le condenan, como finalmente ha sucedido. Y es que, a juicio de la Asociación de Derechos Humanos en Andalucía, se ha cogido al joven marroquí «como cabeza de turco». Para su presidente, Rafael Lara, «no hay suficiente base de acusación y finalmente alguien va a pagar los platos rotos». Reabrir la investigación Derechos Humanos ha pedido que se reabra la investigación para depurar las posibles responsabilidades en el salvamento de las víctimas. El fiscal pidió para al acusado 117 años de prisión en los juicios que se celebraron los pasados 4 y 8 de noviembre. Pero Hamid Echokhch se declaró inocente y afirmó que «ni siquiera iba en la patera». Entonces su abogado pidió su absolución «ante la falta de pruebas», aunque finalmente la sentencia reclamó 40 años para el joven sentado en el banquillo. De lo que todavía no se ha vuelto a hablar es del sobreseimiento por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Rota de la investigación sobre las tareas de salvamento de la patera, ya que la jueza encargada del caso explicó que no había indicios de que alguien hubiese cometido un delito de omisión de socorro. En su resolución anotó que hubo un retraso en el rescate de la patera, ya que un remolcador partió del puerto de Cádiz casi una hora después de la alerta de la presencia de la patera en aguas de la Bahía, tardanza debida a una falta de personal y de descoordinación. Sobre este punto, la Asociación de Derechos Humanos quiere incidir, ya que «los platos rotos no los puede pagar sólo una persona», aseguró Rafael Lara. El abogado del condenado, Juan Manuel Sánchez Bernal, afirmó ayer que visitará a su cliente el jueves en la cárcel para ver si recurren la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque no obstante manifestó que «casi seguro que la recurriremos». El letrado señaló que para él la clave siempre era el testigo protegido «y yo intenté desvirtuar un poco esa declaración diciendo que estaba viciada, pero el juez no lo ha entendido así y le da credibilidad, aunque le ha aplicado la pena mínima de los delitos que se le imputan».