El Gobierno rectifica y pone trabas a la custodia compartida

El Gobierno ha modificado sustancialmente la reforma de la ley de divorcio que presentó hace apenas dos meses. El proyecto definitivo que el Consejo de Ministros aprobará este viernes introduce importantes restricciones a la posibilidad de que el juez pueda imponer a la pareja la custodia compartida de los hijos, uno de los temas que más polémica suscitó al conocerse el anteproyecto. En la nueva redacción de la ley, esa custodia compartida sólo podrá ser decidida por el juez si existe un informe previo en ese sentido del ministerio fiscal y se considera que beneficiará exclusivamente a los hijos. Además de estas restricciones, el juez deberá escuchar antes de tomar esa decisión a los hijos mayores de doce años y a los menores que tengan juicio suficiente. Las modificaciones son fruto de la presión de las organizaciones feministas, de mujeres separadas y de víctimas de maltrato. De hecho, en la nueva ley se expresa ahora la imposibilidad de conceder la custodia compartida cuando existan precedentes o causa abierta de malos tratos o violencia contra la mujer o hijos. Fuertes protestas El Gobierno se vio sorprendido por las fuertes protestas de las asociaciones de mujeres cuando anunció la reforma. Ese malestar chocaba con la disposición del Ejecutivo a discriminar positivamente a la mujer en otras cuestiones como los malos tratos, postura encabezada por la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega y que ha acabado por imponerse. Aunque el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no lo confirmó ayer, las asociaciones de mujeres presionan también para que no se elimine la posibilidad de alegar una causa para el divorcio. En este punto, las asociaciones de mujeres coinciden con el Consejo General del Poder Judicial, que elaboró un informe en el que se calificaba de «aberración jurídi-ca» el divorcio sin causas. De aceptarse esta postura, en el nuevo texto sólo se eliminará la necesidad de alegar una causa en aquellos divorcios en los que exista mutuo acuerdo, pero sí podrá alegarse por una de las partes cuando existan desavenencias.