La denuncia no sirvió de nada a 17 de 59 mujeres asesinadas este año

De las 59 mujeres muertas hasta la fecha a manos de sus parejas o ex parejas, 17 denunciaron agresiones y seis tenían órdenes de protección, lo que significa que el Estado español «ha fallado en su efectiva protección», manifestó ayer Amnistía Internacional tras entregar 103.900 firmas en el Palacio de la Moncloa, informa la agencia Efe. Con motivo del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la sección española de Amnistía Internacional (AI) realizó un acto simbólico con seis siluetas de mujeres, una por cada mujer asesinada este año con orden de protección, y entregó 103.900 firmas para pedir al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ponga los medios para garantizar una investigación rápida y una reparación justa a las víctimas y a sus familias. La responsable del área de mujeres de AI, María Naredo, subrayó que la cifra de 59 muertes -frente a las 71 de todo 2003- «no es un dato que permita hablar de ningún tipo de tendencia al optimismo. El derecho a la vida de esas mujeres ha sido vulnerado y el Estado ha fallado en su protección efectiva». Según Naredo, la ley integral de medidas contra la violencia de género, en tramitación parlamentaria, es un marco «importante para trabajar, pero será la efectividad de sus medidas y su dotación económica lo que va a hacer que descienda el número de víctimas y este tipo de violencia». «Por plantear una ley y un debate parlamentario no se puede hablar de un cambio de tendencia», agregó la responsable de AI, acompañada por Eugenio Aristreguí, hermano de Alicia Aristreguí, asesinada por su ex marido en 2002. Consideró «preocupante la falta de reparación moral y emocional a las víctimas y a sus familias, algo que no está recogido en la ley, que plantea la tutela penal solo hasta la sanción de los autores, pero ¿qué pasa después?, ¿qué pasa con las mujeres supervivientes, en qué situación se quedan las familias?». Enfatizó además la necesidad de que la ley «no solo sea un cambio sobre el papel» y garantice una coordinación más eficaz entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad y los órganos judiciales. Eugenio Arístregui explicó que tras el asesinato de su hermana Alicia a manos de su ex esposo, en Villava (Navara) en 2002, explicó que su familia sufrió una situación de «indefensión y desamparo total», tras las «promesas y buenas palabras de los políticos en el día del entierro». Después de catorce años de malos tratos físicos y psíquicos, Alicia denunció en doce ocasiones a su antiguo marido y el juez dictó una orden de alejamiento «a la primera denuncia, pero no se lo comunicó a la policía local de Villava», explicó Eugenio.