Condenan a una hermandad por no dejar entrar auna boda con unacámara de fotos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas (Madrid) ha condenado con 200 euros de multa como autores de una falta de coacciones a cuatro miembros de la Hermandad de Nuestra Señora Señora de la Paz, perteneciente a la ermita del mismo nombre situada en la Urbanización Soto de la Moraleja, por impedir el acceso a una boda a una invitada por llevar cámara de fotos, alegando que tenían contrato de exclusividad con otros fotógrafos. En julio del 2002, los miembros de la citada hermandad amenazaron a la mujer, que era amiga de la novia y portaba una cámara fotográfica, con impedir el enlace si insistía en entrar en la iglesia, y llegaron a apagar las luces del templo y cerrar una de sus puertas momentos antes de celebrarse la ceremonia, por lo que al final la amenazada cedió y optó por entrar sin su cámara. Los fotógrafos autorizados por la hermandad colaboran con un tanto por ciento para el mantenimiento de la misma. La abogada de la chica afectada solicitaba una indemnización de 2.400 euros en total, aunque el tribunal ha condenado a los autores de la coacción a una multa de 800 euros (200 euros cada uno). Conducta coactiva En sus fundamentos jurídicos, el tribunal califica de «coactiva» la conducta de los condenados «ya que restringieron la libertad de Esther (la fotógrafa) impidiéndole acceder a la ermita con su cámara sin que conste que estuvieran legítimamente autorizados para ello». Agrega que no ha quedado acreditado «ni que el templo religioso en cuestión sea propiedad privada de la Hermandad por título alguno que le de derecho a restringir el acceso ni tampoco que exista contrato de exclusividad suscrito entre dicha entidad religiosa y determinados fotógrafos». «Lo que existe es un auténtico compromiso por interés económico que conduce a restringir de forma injustificada la libertad de eleccion de profesionales o simplemente personas habilitadas para hacer fotografías por los contrayentes que deciden casarse en dicha ermita, y que son al fin y al cabo los que han de pagar por los servicios», agrega la sentencia. La magistrada Marta Hernández, titular del Juzgado de Instrucicón número 2 de Alcobendas, agrega que los denunciados se aprovecharon de que en esas circunstancias lo más lógico es ceder para evitar que se frustre una boda.