El nuevo Reglamento de Extranjería entrará en vigor en enero del 2005
Los empresarios españoles podrán comenzar a presentar solicitudes de regularización de trabajadores extranjeros que actualmente se encuentren en una situación de irregularidad a partir del próximo año, concretamente del 31 de enero de 2005, cuando previsiblemente entre en vigor el Reglamento de la Ley de Extranjería. En este sentido, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, adelantó ayer que el Consejo de Ministros aprobará el Reglamento el próximo 30 de diciembre. El texto, que será publicado en el B.O.E al día siguiente de su aprobación, según fuentes oficiales, entrará en vigor al cabo de un mes, es decir, el 31 de enero de 2005. Será a partir de esa fecha, por tanto, cuando se abra el proceso especial de normalización de trabajadores inmigrantes. Caldera confirmaba así las previsiones del Ejecutivo de que la fecha de vigencia del texto entraría en vigor a principios del próximo año y con él se abriría el proceso especial de normalización. Al mismo tiempo, estas previsiones fijan definitivamente el plazo a partir del cual los extranjeros deberán acreditar su permanencia en España. Así, podrán optar a esta regularización extraordinaria todos los extranjeros que, junto a otros requisitos, acrediten, en principio exclusivamente a través del empadronamiento, que se encuentran en España desde el 31 de julio de 2004, ya que se fija el requisito de seis meses previos a la entrada en vigor del texto de estancia en España. Tres meses de plazo Las personas que presenten sus solicitudes de regularización tendrán que acogerse un plazo previsto de tres meses. Así, estas peticiones podrán presentarse hasta el 31 de abril, ya que se fija un plazo de tres meses para solicitar regularizaciones. Además de la regularización extraordinaria, el 31 de enero entrará en vigor el resto del Reglamento, que tiene por objeto desarrollar la última reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el anterior Gobierno del PP. No obstante, el Ejecutivo socialista prevé una excepción a la aplicación de la figura del arraigo laboral, que no entrará en vigor hasta seis meses después de la publicación del texto, ya que exige la denuncia del trabajador al empresario, situación que distorsionaría el proceso extraordinario de normalización que el Gobierno socialista prevé cerrar completamente en agosto del póximo año.