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Amnistía Internacional denuncia el sexismo en los videojuegos

La oenegé señala que gran parte de los productos que se encuentran en el mercado vulneran los derechos de las mujeres y reclama un mayor control legislativo para evitar la deshumanización de los más pequeños

Uno de los videojuegos analizados en el que se secuestra y apalea a una prostituta

Publicado por
agencias | barcelona
León

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La mitad de los videjuegos disponibles en Internet, establecimientos y salas de ocio suponen «un abuso de los derechos humanos» y «atentan contra la dignidad de las personas», según denunció ayer el vicepresidente de Amnistía Internacional (AI) Catalunya, Jordi Baltà. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del informe «Con la Violencia hacia las Mujeres no se juega», que esta organización presentó ayer en Madrid y Barcelona. El estudio constata que «muchos videojuegos fomentan roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres». Una gran cantidad de videojuegos «trasladan a las mujeres a papeles secundarios o las condenan a la absoluta invisibilidad», según Baltà. Un superventas a debate Uno de los casos más impactantes es el del videjuego Grand Theft Auto: San Andres, el superventas de estas Navidades, que consiste en que el usuario, después de gastarse todo su dinero en una prostituta lo recupere agrediéndola hasta la muerte. «La violencia de este juego, así como la presencia de prostitutas ha hecho que este artículo sea prohibido en Australia» o que «haya recibido una denuncia por parte del ministro de Consumo de Canadá», señaló Baltà. Otros videojuegos contienen abusos contra los menores o ataques contra la población civil. Este es el caso de Neverland, en el que el usuario desempeña el papel de Michael Jackson armado con una escopeta de redes con la intención de cazar a los menores que corren por su finca. Situaciones todavía más límite se dan en el juego Caída Libre, donde el internatuta puede ayudar a un menor a suicidarse lanzándose por un balcón. Ante este panorama no es de extrañar que el director del centro médico-psicosocial para refugiados políticos y víctimas de la tortura Exil, Jorge Barudy, alertara del riesgo de que este material «dañe la empatía de los niños y los deshumanice» e «influya en sus pautas de comportamiento a la hora de relacionarse con los demás». Las demanda de un mayor control por parte del Gobierno está ya en la calle. Mientras, los fabricantes tachan el informe «alarmista y tendencioso».