Las superficies quemadas no podrán ser recalificadas en treinta años
El Gobierno promoverá una reforma de la Ley de Montes que prohibirá en toda España que los suelos quemados por un incendio sean recalificados antes de que pasen 30 años, a pesar del rechazo de las comunidades autónomas del PP que, si bien comparten el objetivo de la medida, creen invadidas sus competencias. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, consiguió ayer en Santander que todos los consejeros autonómicos del área aprobasen un documento que reconoce que una de las causas de los incendios forestales es el interés por cambiar el uso del suelo, generalmente para que se pueda construir en él o para convertirlo en un terreno agrícola. Narbona también anunció que el Gobierno va a aprovechar esa reforma de la Ley de Montes para crear una Fiscalía Especial sobre Delitos Ecológicos, que coordine la persecución de las infracciones contra el medio ambiente y, de manera especial, las relacionadas con los incendios forestales, a semejanza de las fiscalías que ya existen para la represión del narcotráfico o de la corrupción. La ministra consideró «de suma importancia» el hecho de que todas las comunidades admitan que el cambio de uso del suelo es una de las causas de los incendios forestales y se hayan comprometido a tomar medidas en sus normas autonómicas para evitar que ese fenómeno se siga produciendo, a pesar de la discrepancia planteada por el Partido Popular. Invasión de competencias Los consejeros de Medio Ambiente de Madrid, Mariano Zabía; Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y La Rioja, Arancha Vallejo, todos ellos del Partido Popular, aseguraron a los periodistas que sus comunidades comparten «el espíritu» de esa medida -de hecho las tres ya han incorporado la prohibición de 30 años en su legislación-, pero también creen que, si el Gobierno la impone a través de una ley básica estatal, invadirá competencias autonómicas. Por eso, las tre comunidades advirtieron de que sus comunidades autónomas están dispuestas a recurrir la futura Ley de Montes ante el Tribunal Constitucional en caso de que su articulado incluya esa medida.