Los inmigrantes

DEMASIADO pronto para saber si saldrá bien el proceso regularizador de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno. Acaba de empezar y sólo dentro de tres meses, y algo más para tener todos los datos, podremos hacer un balance aproximado de los resultados. Pero ya mismo puede preguntarse cada cuál, en conciencia, incluidos los periodistas y la clase política, si desea que el proceso salga bien o si, por el contrario, estamos deseando que acabe en desastre para ridiculizar al Gobierno Zapatero. Supongo que se me entiende. El firmante tiene la fundada sospecha de que en la activa campaña del PP contra la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, secundada por un sector de los medios de comunicación, se mezclan deseo y esperanza de fracaso sin paliativos al final del proceso. No parece importar que un eventual fracaso sea, a su vez, la causa de males mayores con carácter general. Oyendo el entusiasmo con el que algunos lo anuncian, queda flotando la incómoda impresión de que se darían por buenos si sirven para acelerar el descarrilamiento de Zapatero. Ya es lamentable que asuntos que desbordan el mezquino interés partidista -fenómeno migratorio, terrorismo o la Constitución Europea-, formen parte de querellas menores entre quienes se disputan el poder. Pero la cosa se agrava si se recurre a la mentira o la demagogia. Acebes y Zaplana hablan todos los días de la «regularización masiva» que ha emprendido el Gobierno. Arenas, líder andaluz del mismo partido, utiliza la expresión de «papeles para todos». Y el jefe Rajoy, más prudente se limita a calificar de «error descomunal» este proceso normalizador de inmigrantes por la vía del arraigo laboral. Lo de Rajoy se puede discutir desde el punto de vista técnico. Lo de Acebes y compañía es mentira pura y dura. No hay proceso de regulación «masiva», sino selectiva y reservada a quienes puedan demostrar que están trabajando, llevan seis meses al menos empadronados y carecen de antecedentes penales. No es ninguna tontería lograr que 800.000 trabajadores salgan de la economía sumergida. Pero abundan quienes, con tal de ver meter la mata al Gobierno, prefieren que esos «ilegales» sigan sin pagar impuestos y sin afiliarse a la Seguridad Social, aunque al tiempo estemos obligados a costearles la educación y la sanidad.