La clonación, bajo la censura internacional Un soldado de 130 kilos podría ser expulsado por sobrepeso

La Asamblea General de la ONU adoptó ayer, después de varios años de intentos y desacuerdos, una Declaración Universal sobre la clonación Humana, pero su carácter no obligatorio no impedirá las investigaciones con fines terapéuticos en los países partidarios de que estos ensayos prosigan. Tras acaloradas discusiones durante tres años entre los defensores y detractores de la clonación humana con propósitos médicos, los 191 países de la Asamblea General lograron adoptar la Declaración Universal sobre Clonación Humana. Aprobada por 71 votos a favor, 35 en contra y 43 abstenciones, el documento insta a los estados miembros a tomar medidas para proteger adecuadamente la vida humana en la aplicación de las ciencias biológicas. Específicamente prohíbe «todas las formas de clonación de seres humanos en la medida en que sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana». En el documento se reconoce el imperativo de impedir la explotación de la mujer en la aplicación de las ciencias biológicas, por ser quien aporta los óvulos para la clonación. «Esta declaración universal tiene el mérito de que por primera vez la ONU se ha pronunciado de manera clara y precisa sobre la necesidad de prohibir todas las formas de clonación», declaró el embajador de Costa Rica, Bruno Stagno. Costa Rica, con el apoyo de EE. UU., es el país que ha liderado la batalla para que se prohíba a nivel mundial el uso de embriones humanos para crear células madre, aunque sea con propósitos médicos. Los gobiernos, sin embargo, pueden interpretar la decla-ración de la manera que sea y actuar como quieran. Rubén Darío Valeiras Gómez será expulsado el próximo miércoles por sobrepeso. El joven, que asegura que cumplió con el servicio militar obligatorio exactamente con el mismo peso y que superó las pruebas físicas de ingreso en el Ejército incluso con más exceso que ahora (pesaba 140 kilos y ha bajado a 130), dice que ya no tiene miedo, que los uniformes ya no le imponen, y que plantará cara a quien sea para evitar una expulsión «injusta». «No puede ser, no tiene sentido que me acepten como soldado profesional, que se publique mi nombre en el BOE y que ahora me digan que mi índice de masa corporal es superior al que marca la ley», critica Rubén, que pondrá el asunto en manos de un abogado porque cree que no se ha interpretado correctamente la legislación. «Porque en la normativa se hace referencia a la constitución armónica del solicitante, cuando yo ya soy un alumno; y porque si hubo ilegalidad la cometieron ellos al admitirme y la van a cometer ahora otra vez si me echan», explica. Precariedad Rubén habla de una situación «especialmente dramática» cuando cuenta que el sueldo que percibe un alumno militar como él, y su mujer, es de 300 euros. «Con ese dinero no podemos alquilar nada, sobre todo porque yo me quedo sin trabajo cuando lo arriesgué todo por esto, y cuando me encuentro en la provincia española con más paro», se queja el joven, que llegó incluso a contactar con el Ministerio de Defensa para buscar apoyos. «Me dijeron que tramitarían mi caso, que el Ejército es amigo, pero al final nada, la última respuesta que obtuve fue, textualmente: «veo lo tuyo muy negro'», mientras el Gobierno asegura que « todo es maravilloso y que todos entran».