La minoría socialista

LOS REGÍMENES PARLAMENTARIOS basados en sistemas electorales proporcionales, como el nuestro, dan lugar con frecuencia a modelos pluripartidistas, es decir, a cámaras legislativas en las que la mayoría gubernamental ha de formarse mediante la colaboración entre partidos. En tales regímenes, las mayorías absolutas son excepcionales y plantean severas disfunciones ya que el sistema de frenos y contrapesos establecido para limitar y controlar el poder suele responder a la hipótesis de los gobiernos débiles que resultan de pactos y coaliciones; en tales sistemas, las mayorías absolutas, cuando se producen, alumbran gobiernos tan reforzados que disponen de un excesivo margen de discrecionalidad ( y de arbitrariedad, en ocasiones). El actual gobierno surgido de las elecciones del 14-M del año pasado basa su teórica estabilidad en una alianza, de momento informal, entre el PSOE (164 escaños) y dos minorías, Esquerra Republicana de Cataluña (8 escaños) e Izquierda Unida (5 escaños), con lo que se sobrepasa la mayoría absoluta (que requiere 176 escaños). Tal alianza, que permitió la investidura del presidente Zapatero en primera votación, fue además fruto del precedente catalán: en la Generalitat, tras las elecciones del 16 de noviembre de 2003, el PSC-PSOE (42 escaños) formó gobierno junto a ERC (23 escaños) e ICV (9 escaños). La mayoría absoluta en el Parlament requería 68 escaños. En Cataluña, el pacto de gobierno debía ser explícito y firme ya que había otras opciones teóricamente posibles: un gobierno nacionalista CiU-ERC (69 escaños) o una «gran coalición» PSC-CiU (88 escaños). Pero en Madrid, la minoría mayoritaria, socialista, no ofrecía opciones alternativas. Al margen de que por una ley no escrita ha de formar gobierno en el parlamento español la fuerza con mayor representación (el propio Zapatero había descartado antes del 14-M formar un gobierno de coalición si su partido contase con menos diputados que el PP), es claro que el Partido Popular no dispone de afinidades ideológicas que le permitan acordar una mayoría en el actual parlamento. De donde se desprende que el gobierno Zapatero posee una estabilidad sobreañadida: podría gobernar aun cuando perdiera la adhesión de sus actuales socios, dado que es impensable que éstos prefirieran aliarse con el PP en una hipotética moción de censura, que, como se sabe, ha de ser «constructiva» (es decir, basada en un candidato alternativo). Esta situación objetiva y el hecho de que el gobierno socialista haya aprobado ya unos primeros presupuestos, que siempre podrían prorrogarse, le concede un notable margen de autonomía, que resulta tranquilizador. Porque es patente que la compatibilidad entre el PSOE y sus socios -IU y ERC- no es ni mucho menos plena en diversos asuntos esenciales, aunque exista entre los tres partidos una cierta familiaridad y una relativa coincidencia en el enfoque «progresista» de los problemas. Las divergencias acerca de la Constitución Europea, tan chirriantes, han otorgado visibilidad a las profundas diferencias que separan a dichas formaciones. Pese a ello, la formación gubernamental intenta, como es natural, establecer pactos estables con sus socios, aunque sin descartar -como ha quedado claro- un pacto de fondo sobre los grandes asuntos institucionales con el PP (no es fácil compatibilizar ambos vectores, pero la minoría mayoritaria tiene la obligación de intentarlo). El pasado miércoles, delegaciones del PSOE y de IU encabezadas, respectivamente, por Alfredo Pérez Rubalcaba y por Rosa Aguilar (quien regresa así a la política nacional después de haber prestado un apoyo decisivo a Llamazares en la última asamblea de IU) mantuvieron un cordial encuentro del que surgió la decisión de crear cuatro comisiones. Y ayer se reúnieron en Moncloa Rodríguez Zapatero y Carod-Rovira, en un momento en que éste parece menos predispuesto que antaño a un pacto de estabilidad.