El reciclaje de residuos electrónicosserá obligatorio a partir de agosto

La basura tecnológica representa en la UE más de 1,6 millones de toneladas (una media de 4 kilos por persona), de las que el 10% se generan en España, calculándose que más del 90% tienen como destino final el vertedero, se incinera o es abandonado sin control. Buena parte de esta basura electrónica está formada por equipos informáticos, faxes, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos móviles, cámaras fotográficas desechables, televisores, frigoríficos, lavadoras o lavavajillas. Sólo en España hay en la actualidad más de 30 millones de móviles a los que hay que añadir otros 20 millones en desuso. Se cree que hay al menos un millón de ordenadores obsoletos y otros tantos televisores con más de 10 años de antigüedad, que pronto serán sustituidos por nuevos modelos. Según se afirma desde la Consejería de Medio Ambiente, en Castilla y León se generan cada año más de 5.500 toneladas de este tipo de desechos y sólo los residuos celulares han pasado en dos años de 48 toneladas a más de 110. Nueva normativa Con el fin de adaptarse a las directivas comunitarias en esta materia, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con el que se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes (productores, distribuidores y usuarios) que intervienen en el ciclo de vida de estos aparatos, y en particular, el de aquellos directamente implicados en la gestión de sus residuos. La normativa establece que a partir del próximo 13 de agosto deberán ser llevados a centros de tratamiento autorizados para ser reciclados y fija porcentajes mínimos de recuperación, que deberán entrar en vigor a partir del año 2006 y que se sitúan entre el 70 y el 90% según su categoría. El texto contempla las medidas de prevención desde la fase de diseño y fabricación, para limitar la inclusión de sustancias peligrosas, que serán exigibles a los aparatos que salgan al mercado a partir del 1 de julio del próximo año. Se determina también su gestión para minimizar la afección ambiental de sus residuos, con especial consideración a los procedentes de hogares particulares, por su porcentaje mayoritario en el cómputo total. En aplicación del principio «quien contamina paga» el productor deberá hacerse cargo de los costes de la gestión de los residuos que se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o electrónicos que se pongan en el mercado a partir del próximo mes de agosto, incluida la recogida desde las instalaciones de almacenamiento temporal establecidas. A partir de esa fecha, los que se pongan en el mercado se marcarán para identificar a su productor y se etiquetarán con el símbolo indicativo de la necesaria recogida selectiva y diferenciada del resto de residuos urbanos, según el estándar europeo desarrollado para este fin. Los consumidores correrán con parte del gasto del reciclaje, que aparecerá reflejado en la factura de compra. Finalmente, se establecen los requisitos técnicos tanto de las instalaciones de recepción, incluso provisional, como los de las instalaciones de tratamiento de este tipo de residuos, y se determina la información que los distintos agentes económicos deben remitir a las CCAA y al Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal, así como la que éstos deben enviar al Ministerio de Medio Ambiente para su remisión a la UE.