La reforma educativa

EL ANTEPROYECTO de la ley orgánica de Educación (LOE), que modificará todo el sistema educativo no universitario, que ha sido presentada en sus líneas generales por la ministra San Segundo y cuyo articulado no se conoce todavía, es, obviamente, opinable puesto que ni hay verdades absolutas en política ni la pedagogía es una ciencia exacta (es más: no hay disciplina más volátil que la pedagogía, cuyos errores han sido en el pasado descomunales). La norma en ciernes superará, como pretendía hacer la fallida ley de Calidad que el PP promulgó al final de su etapa de poder, graves insuficiencias de la vieja LOGSE que el tiempo ha puesto en evidencia, se apropia de algunas innovaciones reseñables de la ley popular y adopta rumbos innovadores que, como cualesquiera otros que se pudieran haber emprendido, abren incógnitas que el tiempo y la experiencia se encargarán de despejar. 2.-Según la ministra, los grandes objetivos de la ley son conseguir que toda la población alcance «las competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas»; configurar una educación basada en la «cooperación territorial» entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno, y potenciar la formación durante toda la vida; en otro momento, la ministra, que hablaba a los consejeros de Educación de las comunidades autónomas, dijo perseguir ante todo la integración y la cohesión. Todos estos buenos propósitos son evidentemente lugares comunes. 3.-Dada la mencionada volatilidad de la pedagogía, no hay baremos fiables para valorar, en el abanico de opciones tendentes a los mismos fines, cuáles son las mejores estrategias. En concreto, los itinerarios previstos en la ley de Calidad del PP, que ya no van a ser aplicados, serán sustituidos por acciones de apoyo y ayuda que se desarrollarán en todos los niveles educativos. 4.-La consecución de los objetivos cualitativos que se persiguen está estrechamente vinculada a dos factores nada desdeñables y que, sin embargo, no forman parte de la estructura de la ley en ciernes: la dotación presupuestaria de que se disponga para su aplicación y la cuantía y capacitación de los enseñantes. La ministra ha afirmado, como si fuera un mérito del Gobierno, que una memoria económica acompañará a la ley y que habrá dotación presupuestaria para ponerla en marcha. Otra cosa sería evidentemente absurda, pero no basta con esta declaración para evaluar los resultados: el juicio que merezca la reforma estará muy vinculado a los recursos de que se disponga y a los planes de formación del profesorado que se elaboren y ejecuten. 5.-Puesto que nos movemos en el terreno resbaladizo de las cuestiones opinables y ante un proceso, el educativo, que no es unívoco (la pedagogía evoluciona y hay en ella escuelas que proponen métodos distintos), la nueva ley estará, como la anterior, sujeta a los avatares políticos. Puesto que no se ha conseguido consenso con la oposición, ésta estará perfectamente legitimada para cambiar la norma cuando llegue al poder, de la misma manera que el PSOE ha revocado la ley de Calidad para imponer la suya. Se podrá decir, y con razón, que no estamos ante un asunto central del sistema político, por lo que el consenso no es políticamente indispensable como sí sucede en otros asuntos más arduos y que entroncan con la naturaleza del régimen, pero no hay duda de que la estabilidad del sistema educativo es un desiderátum, ni de que debería conseguirse que las leyes que regulan el sector duraran al menos el plazo de una generación: entre quince y veinte años. 6.-Finalmente, parece lógico concluir en que no es la normativa vigente en cada momento la que ha de resultar decisiva para la mejora del proceso educativo. Lo que este país necesita es la convicción generalizada y arraigada de que un impulso relevante a la educación, que tenga su traducción en recursos y en medios.