1.800 animales murieron por cebos envenenados durante el año 2004

En los últimos años, tanto el Seprona de la Guardia Civil como la Federación Española de Caza y las organizaciones ecologistas, han detectado que el uso de cebos envenenados en el medio natural es cada vez más utilizado, además de en cotos de caza, por algunos ganaderos, agricultores, apicultores, colombófilos, truferos, pajareros, así como en vertederos, áreas periurbanas y en el medio natural. A pesar de estar prohibida esta práctica ilegal desde 1983, en el periodo 1992-2005 se han registrado en España unos 8.000 casos de envenenamiento. Sólo en los últimos cuatro años, se han contabilizado más de 450 buitres negros envenenados, 76 águilas imperiales y 750 buitres leonados, entre otras especies. Aunque la finalidad del veneno es eliminar depredadores como el zorro, el perjuicio se extiende también a especies amenazadas o en regresión, habiendo llevando al borde de la extinción a carroñeras como el quebrantahuesos y mermado de forma importante, entre otras, a las poblaciones de milanos. Los más utilizados por los desaprensivos son los carbofuranos y el aldicarb, que son comercializados como productos fitosanitarios y se adquieren fácilmente. Según los expertos, muere el 90% de los animales que ingieren los cebos y, el resto, presenta graves problemas neurológicos o de riñón. En caso de encontrarse un cadáver o cebo supuestamente envenenado se debe denunciar al teléfono SOS Veneno (900713182) para que el Seprona o el agente forestal se encarguen de levantar el cadáver y hacer un acta o atestado recopilando los datos necesarios. Si es posible, conviene hacer fotografías y revisar la zona por si existen más cadáveres y cebos. No se deben manipular ni los restos del animal ni los cebos, para evitar que entren en contacto con las mucosas o una herida y provocar una intoxicación. Nueva legislación Para tratar de erradicar la utilización de veneno en el campo, existe la «Estrategia Nacional Contra el uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural» que contempla, entre otras actuaciones, minimizar los daños ocasionados por la fauna salvaje a ganaderos, cazadores y agricultores; agilizar y mejorar el pago de indemnizaciones, y reducir la disponibilidad de sustancias tóxicas mejorando el control de la comercialización, distribución y empleo de productos fitosanitarios. Además, se aumentará la vigilancia, se compartirá la información recogida por las administraciones, agentes de la autoridad y el sector privado y, por último, se cooperará con los órganos de la justicia para lograr que los casos denunciados sean investigados y juzgados.