El precio de la inestabilidad

UN PERIÓDICO de Madrid publicaba una información, perfectamente previsible por otra parte, según la cual las grandes agencias de rating , que evalúan el riesgo financiero de las inversiones en todo el mundo, han lanzado una clara alerta a los mercados sobre la inestabilidad actual del mapa autonómico español. Dichas agencias -Moody's, Standard & Poor's y Fitch- siguen con atención, como es natural, las controversias políticas y económicas que se han generado desde el lanzamiento del plan Ibarretxe, y aunque mantienen una opinión positiva sobre la solvencia del Reino de España y de la mayoría de las regiones, están advirtiendo a los agentes económicos de las incertidumbres que se ciernen sobre la estabilidad de nuestro país. En concreto, el último informe de Moody's afirma que «el Gobierno central tiene ante sí una tarea complicada si quiere mantener un sistema equitativo que ofrezca el nivel de cohesión del que han disfrutado las comunidades autónomas desde 1977 hasta ahora». La agencia ha detectado, como es natural, que «las comunidades con bases fiscales más sólidas están presionando para que se fije una tasa de retención más alta, algo que podría ir en detrimento de otras autonomías más débiles». Por tales circunstancias, que describe con preocupante pormenor, la agencia se abstiene de elevar la calificación de la deuda de las comunidades autónomas, requisito necesario para conseguir créditos en condiciones más favorables. Standard & Poor's, tradicionalmente menos política que Moody's, advierte sin embargo una «perspectiva negativa» en Cataluña, Valencia y Baleares, debida sobre todo al elevado déficit sanitario que, si no es corregido en los próximos años, «podría impactar negativamente en su calidad crediticia». También teme esta firma que la presión autonómica logre que el Gobierno suavice la ley de estabilidad Presupuestaria que obliga a las regiones a cuadrar sus cuentas con déficit cero. Finalmente, Fitch, que emitió su último informe en marzo, se detiene en los «problemas que las comunidades autónomas tendrán que afrontar en el 2005» y hace hincapié en la excesiva «presión del gasto sanitario». Las tres agencias mencionan con preocupación el riesgo añadido que supone para las comunidades autónomas la inminente pérdida de fondos provenientes de la Unión Europea, en coincidencia con el cambio del modelo autonómico. En suma, es patente que las agencias de rating , que representan la conciencia crítica de la comunidad financiera internacional, están participando del desconcierto que nos embarga a los ciudadanos, que vemos con extrema perplejidad no sólo la evolución de las demandas periféricas sino también el hecho de que el Gobierno central, en lugar de prevenir semejante algarabía, haya dado carta blanca a las demandas, sin ver que éstas son mucho menos manejables una vez formuladas. Verdaderamente, el Gobierno ya ha expresado su firme negativa a la propuesta de financiación autonómica planteada por el «tripartito» catalán, que sin embargo cuenta ya -como es natural- con el apoyo de los empresarios, que la consideran una «buena base de partida». Pero conviene recordar que Zapatero prometió a Maragall en el fragor de las elecciones autonómicas que su Gobierno tramitaría cualquier Estatuto que emanara del Parlament de Cataluña. Con toda evidencia, la mayoría gubernamental del Estado ha errado en el procedimiento. Una reforma integral del modelo autonómico no puede construirse por el método absurdo de permitir a todos los actores presentar sus propios proyectos para tratar de conciliarlos luego. Lo razonable hubiera sido proceder al contrario: marcar algunas pautas generosas pero firmes e inamovibles para evitar precisamente que se propusiesen excesos que, con su solo enunciado, desatentan el panorama político, generan agravios entre regiones y disuelven la idea central de lo que es y debe seguir siendo el Estado.