Diario de León

El PP da la voz de alarma ante una «nefasta política de extranjería» del Gobierno

Solbes asegura que la inmigración está aplazando la crisis de la Seguridad Social

Arriba en Gran Canarias una patera con más de veinte subsaharianos y un inmigrante muerto

El inmigrante fallecido, cubierto con una tela negra en Gran Canaria

El inmigrante fallecido, cubierto con una tela negra en Gran Canaria

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Melchor Sáiz-Pardo - madrid
León

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El ministro español de Economía y Finanzas, Pedro Solbes, reconoció ayer que el problema para que el Estado del Bienestar sea sostenible en Europa es el envejecimiento de la población, por las implicaciones que tiene sobre el sistema sanitario, las pensiones y los dispositivos de ayuda a las personas dependientes. En lo que se refiere a las pensiones, el ministro explicó que en España la llegada de inmigrantes ha supuesto un aplazamiento de los problemas de financiación de la Seguridad Social. «Disponemos de unos años más», ya que actualmente el superávit de la Seguridad Social equivale al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), señaló antes de advertir de que este balance financiero positivo «no es permanente e irá decayendo». «Un caos absoluto» Partido Popular cree que la regularización extraordinaria que concluye el próximo sábado no sólo no terminará con las bolsas de clandestinos sino que dejará fuera a «cientos de miles» de inmigrantes que, aunque han conseguido empadronarse por omisión, nunca tendrán el alta en la Seguridad Social al carecer de un puesto laboral. La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, dio ayer la voz de alerta al asegurar que el Gobierno oculta los datos de los escasos contratos derivados de la regularización que ya se han registrado en los archivos del Ministerio de Trabajo. Según Pastor, de las más de 500.000 solicitudes recibidas desde que la campaña de normalización arrancara el pasado febrero, menos de 100.000 expedientes se han inscrito en la Seguridad Social. La dirigente popular, que recordó que su partido ya ha pedido de manera insistente al Ejecutivo los datos de los contratos materializados, apuntó que el Gobierno conoce la cifra pero se niega a facilitarla para ocultar el «caos absoluto» de la regularización. Para Ana Pastor, el Ministerio de Trabajo ya tiene claro que «no le salen las cuentas» y que va a ser imposible llegar a la cifra de 800.000 nuevos contratos prometidos por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y todo ello, a pesar de haber utilizado incluso la «imaginación» para buscar una figura como el empadronamiento por omisión para aumentar las cifras de regularizables, aun a costa de permitir participar en el proceso a clandestinos que no se habían inscrito en los registros municipales antes del 8 de agosto del 2004 (fecha límite de residencia en España para pedir la legalización). La ex ministra criticó ese cambio de reglas a mitad del proceso de normalización. Unas modificaciones de criterios que demuestran que la «nefasta política de extranjería» ha llevado a la «precipitación» y a la «improvisación absoluta» al equipo del ministro Jesús Caldera. Los responsables de Trabajo finalmente han diseñado una campaña «incoherente», plagada de «arbitrariedades» y que ha generado mucha «inseguridad jurídica» para los propios clandestinos. «Han despreciado a los inmigrantes que ya se encontraban empadronados», dijo Pastor. Goteo de pateras Mientras, el número de inmigrantes que siguen llegando a las costas españolas aumenta cada día y con él el número de fallecidos. Ayer, una barca fue localizada al sur de Gran Canaria, tras arribar a la costa de San Bartolomé de Tirajana, donde sus ocupantes han sido detenidos por agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, informó el instituto armado. Abordo llegaron un inmigrante muerto, otro en estado grave y un tercero, leve, junto a otros 19 subsaharianos, informó el coordinador de Cruz Roja en este municipio, apuntó ayer Manuel Sánchez

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