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María Signo - corresponsal | roma
León

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De nada ha servido que el presidente Carlo Azeglio Ciampi haya querido dar ejemplo a los italianos y acompañado de su mujer se acercara el domingo a votar en el referéndum sobre la procreación asistida. Tan solo un 25,9% han seguido su ejemplo. El resto hacía como Silvio Berlusconi quien ha preferido ir a la playa como pedía la Iglesia Católica, promotora de la abstención, al igual que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Se-nado, Casini y Pera. La cuestión de ir o no ir a las urnas era de especial relevancia no sólo porque según la ley italiana un referéndum, para que sea válido debe tener una participación del 50% más uno del censo de población con derecho a voto, sino porque esta vez la abstención significaba una toma de posición moral, religiosa y política. Cuando en febrero del 2004 se votó en el Parlamento la llamada Ley 40 el resultado fue la ley sobre la fecundación asistida más restrictiva de Europa que obligó a numerosas parejas al «turismo médico». Uno de los países receptores es España donde prestigiosas clínicas han sido tomadas por asalto por italianos con problemas para tener descendencia. Uno de los puntos de discordia es el que se refiere a los derechos del embrión que equipara a los de un ser viviente. También se prohibe la investigación con embriones y se obliga a fecundar sólo tres de ellos que serán obligatoriamente implantados. Uno de los aspectos más conflictivos de la norma italiana es que no permite la llamada heteróloga, es decir, que se utilicen óvulos o esperma de donante. Médicos, pacientes, mujeres e investigadores pronto pusieron en entredicho la «Ley 40» a la que acusan de ser la antesala para una reforma de la Ley del aborto. Por todo ello el partido Radical de Marco Pannella y Emma Bonino solicitó la celebración de un referéndum que aboliese la ley. Quien ha jugado un papel im-portantísimo ha sido la Iglesia Católica, especialmente el pre-sidente de la Confederación Episcopal Italiana, cardenal Ruini, y los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Fue el propio cardenal Runi quien tomó la decisión de pedir la abstención cuando en febrero una encuesta privada pronosticaba que tan solo un 14% estaba dispuesto a decir «no».