Los senadores del PP se abstienen ante la nueva norma sobre el divorcio
El pleno del Senado aprobó ayer la reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Separación y Divorcio que permite a los jueces, excepcionalmente, acordar la custodia compartida de los hijos cuando no exista acuerdo entre los padres. Para ello, será necesario el informe preceptivo del Ministerio Fiscal, pero éste no debe ser necesariamente favorable, tal y como exigía la redacción aprobada en el Congreso. El texto, que será remitido al Congreso para su aprobación en el pleno del próximo jueves, convierte el informe del fiscal en preceptivo, pero no en necesariamente favorable, con el objetivo de no limitar la capacidad de decisión del juez. Asimismo, para facilitar su decisión, el magistrado también podrá contar con in-formes de especialistas y con un estudio de la ubicación de los domicilios de ambos pro-genitores. La reforma fue apoyada por todos los grupos del Senado (130 votos a favor), salvo el PP, que se abstuvo en la votación del dictamen por estar en contra de otorgar la custodia compartida sin acuerdo entre los padres. Los populares tampoco refrendaron la reforma porque no fue aceptada la enmienda referida a la obligación de acudir a la mediación familiar de forma previa al inicio del proceso judicial para el divorcio. En todo caso, el articulado propuesto por la Cámara alta mantiene una serie de garantías a la custodia compartida sin acuerdo: que este régimen, que debe estar fundamentado en el interés supremo del menor, sea solicitado por una de las partes; siempre que la otra haya reclamado la custodia para sí en exclusiva; y que se asegure que, por la ubicación de los domicilios de los padres, el menor gozará de la necesaria estabilidad para el mejor desarrollo de su personalidad. La nueva ley agiliza los trámites para las rupturas matrimoniales, al suprimir las exigencias de separación previa al divorcio, y permite solicitar judicialmente la ruptura pasados tres meses desde la celebración del matrimonio, un plazo que no habrá que respetar si se producen malos tratos. Actualmente, tiene que pasar un año desde el enlace para plantear la separación legal y otro más para presentar la demanda de divorcio. El texto aprobado también incluye la futura creación de un fondo estatal que garantice el pago de las pensiones compensatoria.