El Gobierno trasvasará al Segura 82 hectómetros cúbicosdel Tajo El Ejecutivo no tomaba una postura parecida desde 1995

El Gobierno aprobó ayer el trasvase de 82 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura, una decisión que no satisfizo ni al Ejecutivo castellano-manchego ni al murciano, ambos enzarzados en una nueva «guerra del agua». Del conjunto de recursos hídricos trasladados, 39 se emplearán para abastecer a la población y 41 a regadío. La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, exhortó a las comunidades autónomas afectadas a que abandonen sus rencillas y se comporten con «responsabilidad». Fue un intento vano de apaciguar los ánimos. Mientras, el Gobierno de Castilla-La Mancha tildó la decisión de «desmedida e irresponsable», el de Murcia interpretó la iniciativa como un «ataque frontal» a los intereses de la región. Ambos gabinetes anunciaron su disposición a recurrir a todas las medidas legales para preservar los intereses de sus comunidades. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo que trasvase autorizado es «prudente» y «ajustado a derecho». La ministra admitió que el Gobierno ha rebajado las expectativas de Murcia porque de haberlas satisfecho sus demandas hubiera comprometido abastecimiento de agua potable. «Con lo acordado quedan garantizados los derechos preferentes de la cuenca del Tajo, que va a tener cubiertas por completo sus necesidades, mientras que en la del Segura podremos cubrir el abastecimiento humano y una parte del regadío», argumentó Narbona. Intereses enfrentados La contienda puso de manifiesto intereses enfrentados dentro del PSOE. Mientras los socialistas castellano-manchegos habían apelado al ascendiente de José Bono en el Gobierno central para frenar el trasvase, los dirigentes del PSOE llevaban presionando de forma soterrada y desde hace días al Ministerio de Medio Ambiente para que autorizara un incremento del caudal que recibirá la región durante los próximos tres meses. Y es que presidente del Gobierno murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, está consolidando su hegemonía electoral en la comunidad desde que ha hecho de la cuestión del agua un «casus belli». La decisión tomada por el Consejo de Ministros no contentó a nadie. La Junta de Castilla-La Mancha, que demandaba que no se transfirieran más de 30 hectómetros, consideró desproporcionada la medida, según dijo el consejero de presidencia, Máximo Díaz-Cano. A juicio de Díaz-Cano, la disposición sólo beneficia a los regantes murcianos, pero no a los «tres millones de españoles de Alicante, Almería, Murcia y Castilla-La Mancha que pueden estar preocupados» por el riesgo en que se ponen los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía. De su lado, el Ejecutivo murciano, que exigía 120 hectómetros, alegó que la cantidad anunciada por Fernández de la Vega era «decepcionante». Por ello, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, aseguró que promoverán las acciones de carácter «político, económico y legal» para no dejar desamparados a los regantes. En este sentido, manifestó la disposición de su Gobierno a participar en cuantos movilizaciones sean necesarias, siempre que sean convocadas por la sociedad. «La decisión de Zapatero ha condenado a la precariedad a 70.000 familias del Mediterráneo, al paro a decenas de miles de personas, y va a suponer un enorme daño medioambiental para el arbolado de la región», sentenció. No es habitual que el Gobierno decida la cantidad de agua que se debe ceder. La determinación la toma habitualmente la Comisión de Explotación del Trasvase, que esta vez se ha tenido que inhibir porque los embalses de los que parte el acueducto acogían menos de 511 hectómetros cúbicos de agua. De ahí que haya sido el Consejo de Ministros, que no adoptaba una decisión similar desde 1995, el que ha dirimido el asunto. En la actualidad, los embalses del Tajo se hallaba apenas al 21% de su capacidad, mientras que los del Segura estaban al 15,6%. El Gobierno ha calibrado las consecuencia del trasvase, a la vista de que la cabecera del Tajo sufre una situación excepcional, como lo demuestra el dato de que las aportaciones netas durante el presente año hidrológico no superarán los 360 hectómetros cúbicos, lo que constituye «la cifra más baja del período comprendido entre los años 1912 y 2004», dijo Fernández de la Vega. Pero también ha tenido en cuenta el Consejo de Ministros la «gravísima situación» de la cuenca del Segura, cuyos recursos propios han bajado un 10%, lo que amenazaba no sólo la supervivencia de las cosechas, sino también la de los cultivos leñosos. Al margen de la contingencia del trasvase Tajo-Segura, el Gobierno trabaja, según Fernández de la Vega, para «reorientar la política del agua», lo que implica mejorar el control de su uso público, impulsar la modernización de regadíos y racionalizar el consuno. Para compensar a Castilla-La Mancha por el sacrificio realizado, el Gobierno aprobó realizar obras en el Canal de Albacete y unas infraestructura de sustitución de bombeos en el acuífero de La Mancha oriental. De la Vega adujo que, desde enero, el Gobierno ha desplegado medidas para prevenir la sequía «en uno de los años más secos de la historia reciente de España». Entre esas iniciativas, destacan la puesta en marcha de planes y obras de emergencia por valor de 400 millones de euros. La mitad de esta medidas, dijo, afectan a la cuenca del Segura. El secretario general del PSOE de Almería, Martín Soler, destacó «la voluntad más que manifiesta del Gobierno central de llevar agua a Almería». Martín Soler resaltó que, de este modo, «ha mostrado su voluntad de sacar adelante el trasvase Tajo-Segura para Almería, en unas condiciones, insistimos, difíciles».