Trabajo instruye a los técnicos para buscar los fraudes en el proceso de regularización
El Gobierno inicia una campaña para localizar inmigrantes irregulares
En la operación, que durará hasta el mes de diciembre, trabajarán cerca de 1.600 funcionarios
Trabajadores de los campos de fresa de la empresa Doñana 2000 realizan las labores de recogida
El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha la que será la mayor inspección laboral de la historia de España para buscar bolsas de economía sumergida y, sobre todo, localizar a los empresarios que, pese a la pasada regularización de inmigrantes, siguen empleado a extracomunitarios ilegales. El departamento que dirige el ministro Jesús Caldera ha enviado a todas las delegaciones provinciales de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social la instrucción 104/2005. Se tratan de unas órdenes en las que el Gobierno deja claro que no habrá contemplaciones con los empleadores de irregulares. Finalmente -según desvela la circular- no serán el medio millón de inspecciones psrometidas, sino algo menos: 472.000 actuaciones. En la campaña, que se desarrollará hasta el próximo mes de diciembre, trabajarán cerca de 1.600 funcionarios a la búsqueda de las empresas que aún contratan clandestinos. El contingente para el plan de choque estará formado por 788 inspectores y 822 subinspectores, a los que desde el junio se han sumado otros 23 nuevos inspectores y 27 subinspectores. «El objetivo esencial de esta campaña, a diferencia de prácticas anteriores que se limitaban a verificar que los trabajadores extranjeros contaban con la correspondiente autorización para trabajar, será comprobar que las condiciones laborales de los extracomunitarios son idénticas a las de los trabajadores españoles». Trabajo espera con esta doble inspección «combatir» el «principal atractivo» para optar por la ocupación de un trabajador en situación irregular: el bajo coste de contar con un empleado al que se le paga «por debajo de los niveles salariales exigibles». 1397124194 También denuncias Desde el principio, los responsables de Trabajo dejan claro a los inspectores que esta campaña deberá ser flexible y que al margen de la «actividad programada» por las diferentes delegaciones, los funcionarios deberán dar respuesta inmediata a la denominada «actividad rogada», es decir, los casos que sean denunciados por «trabajadores, sindicatos, organizaciones no gubernamentales o asociaciones de inmigrantes». En este tipo de inspecciones, además de las habituales comprobaciones, los agentes de la Seguridad Social tienen encomendada la labor de supervisar que los nuevos inmigrantes regularizados en el pasado proceso de normalización (en el que participaron más de 690.000 extranjeros) siguen en la legalidad y que no se les han otorgado papeles mediante fraude.