Sólo uno de cada diez mayores de 65 años recibe algún servicio social

Los servicios sociales destinados a mayores de 65 años son extraordinariamente limitados en España. Sólo uno de cada diez personas de ese grupo de edad dispone o podría disponer del apoyo de este tipo de prestaciones. Así se pone de manifiesto en el informe Las personas mayores en España 2004 , que subraya que la ayuda a domicilio apenas representa un 3,14%. El estudio destaca que uno de cada cuatro mayores vive solo y que más de la mitad de las viviendas ocupadas por ellos carece de calefacción central. Desde que se hizo el último estudio, en 2001, el número de mayores ha crecido en un 6%. Así las cosas, los españoles con más 65 años suman 7,2 millones, lo que supone un 17% de la población. El informe, que se realiza cada dos años, evidencia la insuficiencia de los servicios sociales, algo que la secretaria de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, espera que se subsane en parte con la futura aprobación de la Ley de Dependencia. Mientras llega la norma, lo cierto es que la teleasistencia tiene una cobertura raquítica, de apenas el 2,05%. Por añadidura, la ocupación de plazas en centros de día está muy reñida, como lo demuestra el hecho de que sólo hay una por cada 200 ancianos. El gasto en servicios sociales dirigido a mayores no llega al 0,25% del PIB en la mayoría de las comunidades autónomas. De acuerdo con los estudios realizados hasta ahora, España debería elevar su gasto para que al menos se situase entre el 0,8% y 1% del PIB. Residencias caras y escasas Aparte de escasos, los servicios son caros. El precio medio de una plaza pública en una residencia es de 1.200 euros mensuales en el caso de mayores no dependientes. Así las cosas, la cuantía media del gasto social para mayores oscila entre los 113 y los 454 euros al año. El peso relativo del gasto dedicado a los mayores es muy desigual entre unas comunidades autónomas y otras. Como media, la inversión dirigida a la población más envejecida supone un 25% del conjunto. En la Comunidad Valencia representa un 82,2%, en Asturias el 52,4% y en Madrid el 43%. Sin embargo, en Castilla y León sólo es del 25% y en el País Vasco de un 30%. Los autores del informe constatan que el 87,2% de las viviendas en que residen los ancianos son en propiedad. En la inmensa mayoría de los casos (81%), la vivienda está libre de cargas, circunstancia que supone un gran alivio en los presupuestos de las personas mayores. Unos 40.000 mayores poseen viviendas ruinosas, 110.000 tienen casas en mal estado y más de medio millón vive en edificios con deficiencias.