El Gobierno garantizará a los sordos el aprendizaje de la lengua de signos

Las empresas, personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes que discriminen a las personas discapacitadas podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre los 300 y un millón de euros, según se recoge en el anteproyecto de ley presentado ayer por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, al Consejo Nacional de la Discapacidad. El régimen de sanciones establecerá multas cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor. Para aplicar las multas se tendrá en cuenta la intencionalidad o negligencia del sancionado, si existe fraude o connivencia, si hay incumplimiento de las advertencias previas, la cifra de negocios o ingresos de la empresa o entidad, el número de personas afectadas, así como la reincidencia o la alteración social producida, entre otros muchos aspectos. El titular de Trabajo también presentó al Consejo Nacional de Discapacitados otro anteproyecto de ley que reconoce a la lengua de signos españolas como la de las personas sordas que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Otras ayudas alternativas Además, establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de estos discapacitados, es decir otros sistemas alternativos, como la comunicación subtitulada o los implantes cocleares. Las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas podrán elegir libremente el sistema que deseen para comunicarse, así como su aprendizaje y uso. El anteproyecto establece que las administraciones educativas dispondrán lo necesario para asegurar el aprendizaje de la lengua de signos española a este alumnado. En caso de que esta persona sea menor o esté incapacitada, la elección correponderá a los padres o representantes legales. Es más, la administraciones educativas podrán ofrecer modelos educativos bilingües para estos alumnos, e incluir en los planes de estudio el aprendizaje de la lengua de signos española como asignatura optativa para el conjunto del alumnado. Los dos anteproyectos de ley serán aprobados en fechas próximas por el Consejo de Ministros, para comenzar su tramitación parlamentaria después del verano. Los plazos y el desarrolo reglamentario de estas normas se sucederán posteriormente, aunque todas deberán ser una realidad antes del 2020. Como la educación es una competencia autonómica, se negociará con las comunidades su implantación.