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Los obispos, en contra de la reforma escolar por recortar derechos

Publicado por
Alejandro Posilio - madrid
León

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«El proyecto de Ley Orgánica de Educación aprobado en el Gobierno es inaceptable, porque pone seriamente en peligro la enseñanza de la Religión y recorta el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos». Ésta es la opinión de rechazo que la Conferencia Episcopal Española (CEE) hizo pública ayer por boca de su secretario general, Juan Antonio Martínez Camino, nada más que se pudo conocer la ley de educación que el Gobierno enviará al Parlamento. Los obispos mostraron su «desacuerdo» con la nueva ley con la lectura de un comunica-do. En él, se asegura que «re-corta el derecho fundamental de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y pedagó-gicas, y limita gravemente la libertad de la escuela católica y de las demás instituciones educativas de iniciativa social en el ejercicio de sus derechos a la educación». La cúpula católica critica que se haya aprobado en verano, «por sorpresa», y sin ningún tipo de diálogo, porque no se han tenido en cuenta sus pro-puestas, por lo que esta ley es «responsabilidad exclusiva del Gobierno». Reunión suspendida Tanto es así que ayer se suspendió la reunión prevista entre representantes del Ministerio de Educación y la CEE para hablar sobre la enseñanza de religión en la escuela. Estos desacuerdos presagian polémica y movilizaciones, que ya fueron anunciadas ayer para después del verano por la Confederación Nacional Cató-lica de Asociaciones de Padres (Concapa) y la Confederación Española de Centros de Ense-ñanza (CECE). Mientras que la primera tildó la ley de «desastre, mediocre y nefasta», la segunda la tachó de «precipitada». Por eso, promoverán un recurso de inconstitucionalidad y «una auténtica lucha en la calle» para paralizar esta reforma. La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, afirmó ayer que el anteproyecto de la ley de educación aprobado por el Gobierno va «en contra de la calidad y el esfuerzo», y denunció que reconoce el derecho del alumno a «hacer novillos», mientras desaparece el deber de estudiar.

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