El Gobierno no aclara si habrá una alternativa a la clase de religión

El Gobierno dio luz verde ayer al anteproyecto de Ley Orgánica de Educación que derogará la Ley de Calidad aprobada por el anterior Ejecutivo. El texto aprobado esta-blece que la asignatura de Religión Católica será «de oferta obligada» para los centros y de «elección voluntaria» para los alumnos. La Religión Católica no será evaluable en los centros públicos para aquellos alumnos que la escojan ni computará a la hora de hacer la media del curso. El Ejecutivo asegura que este modelo garantiza la «libertad» de quienes quieran estudiar Religión en centros públicos y que, en el caso de la Religión Católica, se ajusta «a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y España». Aunque el anteproyecto especifica la forma en la que se enseñará la Religión Católica, deja abierta la fórmula para la enseñanza de otras religiones que «se regulará de acuerdo a los acuerdos suscritos con las confesiones religiosas respectivas». Ni la vicepresidenta ni la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, aclararon si habrá una alternativa para los alumnos que no quieran estudiar Religión. Del anteproyecto destaca también la memoria económica en la que se fija una financiación de más de 6.000 millones de euros para las mejoras de los próximos cinco años. De ese presupuesto, un 55% correrá por cuenta del Estado. Materia no condicionante «Que si la quieren tener, que la tengan, y si no la quieren tener, que no la tengan». Así explicaba la vicepresidenta del Gobierno la intención de la reforma respecto a la enseñanza de la religión católica. El criterio que ha seguido el Gobierno es el de que la religión «no se debe imponer en la escuela como una asignatura ni obligatoria ni evaluable». La vicepresidenta abundó en esa idea y aseguró que el aprendizaje de la religión «no debe condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir si quieren ser médicos, jardineros, matemáticos o arquitectos».