Del consejo de barrio

SEGÚN SE ANUNCIA con toda la solemnidad propia del caso, León se dispone a preparar la puesta a punto, de un nuevo Consejo de Barrio. Dos destacadas mujeres de acción municipal, las concejalas Ana Guada encargada del área de Bienestar social, y Sonia Alonso, responsable de Participación Ciudadana, se disponen a capitanear la iniciativa, que tiende, a lo que parece a dotar a León nada menos que de siete Consejos de Barrio. A la pregunta, perfectamente lógica en estos momentos, de «¿y se puede saber para qué sirven los dichos Consejos de Barrio? Se anticipan los informadores diciendo que se trata de Órganos o Sociedades atributos municipales, aptos para todos lo públicos, dispuestos a garantizar la participación ciudadana, para lo cual las mencionadas distinguidas madrinas del evento se disponen a proponer la licencia correspondiente para su legitimidad, de la formulación de un Reglamento. Y aquí parece ser que han comenzado los inconvenientes, porque la otra parte contratante de la función municipal, o séase la oposición, dice que menos lobos, que menos Consejo de Barrio hasta tanto que no se apruebe también, con todos los sacramentos, el Reglamento de Participación Ciudadana, dado que a mejor entender de la operación, es imprescindible que la participación ciudadana, que es la madre del cordero del Consejo de Barrio, debe ser regulada de forma «seria», esto último entre comillas, según aparece en la referencia a la cual nos acogemos. ¿Guarda algún grave recelo este principio de seriedad que se exige? Parece ser que sí según muestran los primeros indicios, porque la dicha réplica de la oposición, declara la maliciosa manipulación que el Gobierno emplea en estas lides de «intentar poner en marcha consejos parciales que luego no utilizan para tapar el veto que siente las bases para una participación real en referencia al citado Reglamento». Y este recelo puede tener su fundamento en el hecho de que, según se dice, estos Consejos de Barrio se establecen del propósito de convertirles en instrumento de manejo municipal, sin que se les dote previamente de mecanismos verdaderos de independencia. ¿Y para qué pueden servir, sino es para incrementar la copiosa nómina de funcionarios, estos Consejos de Barrio si no se les dota de independencia? Nosotros, los humildes y pacíficos contribuyentes de la ciudad de León no dudamos de las buenas intenciones de estos dos ilustres miembros o miembros de la corporación municipal, pero muchos dudan de su eficacia si en su constitución no toman parte otras instancias e instituciones ajenas a la labor doméstica de la actual formación municipal. Y es que nos tememos que la iniciativa, que sin duda puede tener su rango y su fundamento, acabe antes de empezar en motivo de bronca entre las partes contratantes y termine todo o la mayor parte de la operación en una réplica municipal del rosario de la Aurora. Con todo esto queremos sugerir que de no encontrar los medios correctores que satisfagan todas las premisas democráticas, nos veremos de nuevo obligados a proclamar, como norma de obligado cumplimiento, incluso para concejales o concejalas, de «luz y taquígrafos» cuando se trate de iniciativas opacas.