Sanidad propone que la salmonela sea de declaración obligatoria

Tras las más de dos mil intoxicaciones producidas a consecuencia del consumo de pollo contaminado, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, propuso ayer a las comunidades autónomas una serie de medidas para reforzar la seguridad alimentaria. Entre ellas destaca una reforma normativa para que todos los casos de salmonelosis sean de «declaración obligatoria» y los brotes de la enfermedad de «notificación urgente», según adelantó Salgado. La ministra recordó que la «rápida actuación» de las autoridades sanitarias evitó que la situación tuviera consecuencias más graves y que se produjera «un número mayor de afectados». También destacó que «en materia alimentaria el riesgo cero no existe». Por ello, con el fin de mejorar la detección de futuras situaciones y de acortar los tiempos de reacción, Sanidad va a proponer a las comunidades autónomas en el próximo Consejo Interterritorial de Salud la inclusión de la salmonelosis en la lista de enfermedades de declaración obligatoria al Ministerio. Del mismo modo, todo brote de la enfermedad será considerado de notificación urgente, «aunque no tenga evidencia desde el principio de afectación supracomunitaria». En la actualidad, sólo es necesario comunicarlo con urgencia si afecta a más de una comunidad. Salgado afirmó que «entre la recepción de la primera alerta y la comunicación al resto de las comunidades transcurrie-ron sólo cuatro horas». Protocolo complementario La titular de Sanidad anunció la elaboración de un protocolo complementario al vigente de gestión de alertas, para «garantizar la difusión inmediata y exhaustiva de cualquier dato relevante en el ámbito de la seguridad alimentaria». Asimismo se propiciarán actuaciones concretas por parte de los ayuntamientos, que tienen un acceso más inmediato a los ciudadanos y mayor control sobre las ventas ambulantes, para que se retiren los productos contaminados del mercado. La titular de Sanidad defendió que en este caso la Red de Alerta Alimentaria del Ministerio «ha funcionado correctamente, lo que ha permitido controlar el brote desde el momento en que se activó el pasado 28 de julio», fecha en que la Comunidad Valenciana comunicó varios casos de gastroenteritis atribuidos al consumo de pollos asados de la empresa Sada. Según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el 80% de los afectados contrajo la enfermedad antes del primer aviso. En enero del 2006 entrará en vigor el Reglamento Comunitario relativo al control oficial de alimentos, que obligará a las empresas agroalimentarias a asumir todos los gastos derivados de cualquier irregularidad en materia de seguridad. Entre ellos, se incluye la actividad de información urgente al ciudadano.