Castilla y León cuenta con más de 1.500 ejemplares de lobo ibérico Prevenir ataques y paliar daños

Asegurar su conservación; promover su recuperación allí donde sea ecológica y socialmente favorable; disminuir los impactos negativos sobre colectivos humanos; reducir la actitud hostil y prevenir la venganza contra él; aumentar el conocimiento de la especie y lograr su adecuada gestión cinegética; estos son los principales objetivos del Plan de Gestión del Lobo en Castilla y León. Este documento para el debate, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, ha sido presentado por su titular, Carlos Fernández Carriedo, quien afirmó, «ahora se abre un proceso de participación con asociaciones conservacionistas, organizaciones agrarias y cazadores para llegar a un consenso de forma que pueda entrar en vigor el próximo año». Con su puesta en marcha, nuestra comunidad será la primera que cuente con un plan de estas características siguiendo las directrices de UICN, del Consejo de Europa, del Grupo Europeo de Grandes Carnívoros y de la Estrategia Española para su Conservación y Gestión. El consejero estuvo acompañado por los directores generales de Medio Natural, Mariano Torre, y de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, Baudilio Fernández, porque, según indicó, «en su redacción han colaborado las dos Consejerías al tratarse de una relación de equilibrio, cooperación y convivencia que tiene que haber entre la naturaleza y el ser humano, entre la biodiversidad y la actividad agropecuaria». El plan será revisado cada 10 años y cuenta con un presupuesto de más de 4 millones de euros, de los que el 60% se destinarán a prevención de ataques y compensación de daños. Zonificación En los treinta y cinco últimos años el lobo ha experimentado en Castilla y León un lento pero continuo incremento poblacional. En 1970 su presencia se reducía a una franja que abarcaba el oeste de Zamora y León, la zona norte de León y Palencia, y pequeños núcleos en la frontera de Salamanca con Extremadura y en la tierra de pinares entre Burgos y Soria. Los datos referidos al año 2005 reflejan que está presente en todas las provincias (falta al sur de Salamanca y Ávila y al este de Soria) calculándose que hay 149 grupos reproductores seguros con una población mínima de 1.500 ejemplares. Según Fernández Carriedo, el principal problema de la presencia del lobo es la dificultad de convivencia con el ser humano. En este sentido, indicó que «en los últimos años, se ha producido una media de 580 ataques al ganado, denunciados y acogidos a ayudas, con una media de reses muertas de 2.200 cabezas de ganado ovino y 220 de vacuno». El Plan de Gestión comprende un análisis (poblaciones, alimentación, hábitat, ganadería, riesgo de conflictos) y una zonificación basada en el potencial del medio para albergar lobos, en la disponibilidad de presas silvestres y en el riesgo de conflictividad con la ganadería extensiva, estableciéndose tres zonas de gestión. En la Zona I, que ocupa el 58,3% de la comunidad, predominan los medios abiertos frente a los forestales, hay suficiente biomasa de presas silvestres y alberga más de la mitad de los lobos, con una densidad de 0-5 ejemplares/100 Km 2 . La Zona II (norte de León, Palencia y Burgos; este de Burgos, norte de Soria y sur de Salamanca y Ávila), ocupa el 26,7%, es abundante en medios forestales y abarca la mayoría de las Reservas Regionales de Caza, lo que asegura alta disponibilidad de ungulados. En ella se asienta la tercera parte de los lobos, con una densidad de 0 y más de 5 lobos/100 Km 2 . En cuanto a la Zona III, que ocupa el 15,1%, se extiende por el oeste de Salamanca y la zona central de Ávila y Segovia, destacan las dehesas y el manejo ganadero no permite más que una pequeña densidad de ungulados silvestres. Su densidad es de entre 0 y 1,82 ejemplares/100 Km 2 . Las medidas que propone el plan se agrupan en dos categorías. Las relacionadas con la ganadería tienen como objeto prevenir los ataques de lobos estableciendo subvenciones para revalorizar el pastoreo tradicional, potenciar el uso de mastines (se pretende que haya uno por cada 150 cabezas de ganado menor), colocar vallas protectoras e instar a los ayuntamientos para que retiren los perros errantes. Además, se contempla mantener las ayudas destinadas a paliar los daños causados por los lobos (unos 120.000 euros al año), mejorar el sistema de compensación (reducir la documentación y agilizar los pagos) y proporcionar asistencia técnica a los ganaderos. En cuanto a las medidas relacionadas con la especie, el borrador apuesta porque la caza sea utilizada como herramienta de gestión en toda la Comunidad, que sea valorada favorablemente por los cazadores y se convierta en un recurso económico para el mantenimiento y desarrollo de las zonas rurales. Habrá patrullas de control allí donde la conflictividad sea elevada (2 en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria y 1 en Zamora), se aumentará la vigilancia para evitar el furtivismo, se pondrá en marcha un programa de seguimiento de las poblaciones, así como campañas de información, educación y sensibilización a ganaderos, cazadores y a la sociedad urba na en general.