Los ciudadanos podrán acceder a la información sobre temas ambientales

Según se recoge en el borrador de la Ley Reguladora de los Derechos de Acceso a la Información, Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia Medioambiental, los ciudadanos puedan exigir a las administraciones información sobre temas como el estado del agua, del suelo y del aire, la contaminación acústica de sus ciudades, los espacios naturales, las emisiones y vertidos, la energía, las radiaciones o los residuos. Como se pretende aumentar la educación ambiental fomentando la participación y el acceso de los ciudadanos a la información, el documento prevé que tengan un papel más activo en la toma de decisiones públicas de forma que puedan aportar sus ideas sobre cualquier programa, norma o plan que tenga relación con el medio ambiente. Igualmente, en lo referente a informes sobre el cumplimiento de las leyes o el estado de la salud y seguridad de las personas. La futura normativa sustituye a la de 1995 e incorpora a nuestra legislación dos directivas europeas que han entrado en vigor este año. Según se recoge en el texto, se amplía el concepto de «información ambiental» de forma que los ciudadanos podrán solicitar datos sobre cualquier materia medioambiental. Las autoridades, por su parte, estarán obligadas a facilitar antes de un mes (dos en el caso de mayor complejidad) la información que obre en su poder, o bien remitir la solicitud a la autoridad pública que la tenga. En caso de no proporcionar los datos solicitados, deberán justificar los motivos de la negativa. Además, las distintas administraciones tendrán que confeccionar un listado de acceso público en el que se relacionen las autoridades que dispongan de información relacionada con el medio ambiente. Los ciudadanos deberán ser informados cuando se elabore un programa, plan o disposición medioambiental, estableciéndose los plazos para que puedan aportar sus opiniones. Las ONG relacionadas con el medio ambiente podrán participar en la toma de decisiones a lo largo del procedimiento y las administraciones estarán obligadas a tomar en consideración las observaciones que hayan presentado y a justificar la decisión que se tome finalmente. Finalmente, los ciudadanos podrán impugnar ante los tribunales las decisiones administrativas que vulneren los derechos a la información y a la participación recogidos por la ley.