Fuera de sospecha

LA SALA de lo Penal del Tribunal Supremo ha respaldado la «elemental prudencia» del fiscal general del Estado cuando tomó la decisión de no proceder contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y coincide con el fiscal en que, a la vista de los informes policiales, no había elementos para proceder a su ilegalización. El auto del Tribunal Supremo es relevante porque debiera poner punto y final a una línea argumental demagógica, esgrimida por el PP antes, durante y después de la campaña electoral vasca, según la cual el Gobierno habría estado propiciando y protegiendo que esta organización abertzale pudiera participar en los comicios. El tema no es menor, porque, en todo el asunto de la lucha antiterrorista, el PP y algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo, las baterías que dirigen contra el Gobierno pretenden que la «protección» del PCTV formaría parte de una supuesta estrategia de negociación con ETA que el partido de la oposición, el ex presidente Aznar y la AVT piensan que es «una rendición del Estado ante los terroristas». El PP, en todas sus etapas de oposición, no ha tenido pudor para introducir el tema antiterrorista en la agenda de desgaste de los gobiernos socialistas. Lo hizo José María Aznar con el GAL y consiguió que nadie pidiera cuentas a los ministros de Interior no socialistas por la «guerra sucia» anterior a la etapa de Felipe González. Ahora la línea argumental es la denuncia sistemática de un diálogo con ETA que el Gobierno niega que exista pero que, sin embargo, ha pedido autorización al Parlamento para que se produzca en caso de que se den las condiciones necesarias. No tengo muchas esperanzas de que el auto del Tribunal Supremo modifique los comportamientos de la oposición, porque ésta ha demostrado, en reiteradas ocasiones, que la realidad no es un obstáculo para su estrategia. Me imagino que Eduardo Zaplana y ngel Acebes no van a soltar el hueso del terrorismo para atacar a Zapatero, porque en el pasado les dio buenos resultados y España es un país en el que todavía la irresponsabilidad política no es suficientemente castigada por la opinión pública y por los electores. Me imagino que éste es un problema de puro rodaje democrático.