Los obispos apelan a los católicos a que salgan a la calle contra la reforma educativa del Gobierno

La historia se repite. Por segunda vez en un año los obispos invitan a la ciudadanía a que se manifieste contra una iniciativa legal del Gobierno, esta vez contra la reforma educativa. Apenas tres meses después de su apoyo a la marcha que se oponía a los matrimonios homosexuales, la jerarquía católica bendice otra protesta en la calle contra un proyecto que trata de imponer una «moral de Estado». Los prelados consideran que están en juego la libertad de enseñanza y el derecho a la formación religiosa de los hijos. Según la jerarquía católica, la futura ley está impregnada de un espíritu estatista, pues contempla a la enseñanza privada como una «mera concesión de carácter gubernamental», circunstancia que es «impropia de sociedades plenamente democráticas». Papel de los padres Los padres no sólo tienen el derecho, sino también el deber de manifestarse contra el proyecto de Ley Orgánica de la Educación (LOE). Así lo dijo el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, quien confesó sin ambages que la jerarquía eclesiástica respalda la manifestación, promovida por la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa) y a la que se han sumado organizaciones educativas de signo conservador. Como ya ocurrió con la ley del matrimonio homosexual, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que se ha reunido estos días para analizar la cuestión, se abstiene de tomar una decisión vinculante y da libertad a los prelados para que cada uno elija participar o no en la manifestación, que se celebrará a primeros de noviembre. «La Iglesia no convoca ni prepara manifestaciones», destacó el portavoz. Para los obispos, la LOE cercena derechos fundamentales, como la libertad de los padres de elegir el colegio que quieren para sus hijos, la creación de centros escolares privados y el ideario de colegios e institutos. La cúpula eclesiástica es muy crítica con el papel que se concede al sector privado. «Tal reducción de la iniciativa social a función meramente subsidiaria de los poderes públicos es impropia de sociedades democráticas que respetan y promueven el pluralismo educativo», aducen los obispos.