Diario de León

A LA ÚLTIMA

Cuestión inquietante

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SEGÚN el proyecto de nuevo Estatuto, «Cataluña es una nación». Lo mismo que dice de España la Constitución. En la Constitución española, el término Nación está escrito con mayúscula; en el Estatuto, con minúscula. Las mayúsculas afirman lo singular, las minúsculas son el territorio de lo plural. ¿Son compatibles estas definiciones? Al presidente del Gobierno de España le parece que sí. Otro tanto opina el presidente de la Generalitat, el señor Maragall, mientras que tres ministros, los señores Alonso, Bono y López Aguilar, opinan lo contrario. ¿Quién tiene razón? Pues, en la duda: la Constitución. Todos sabemos lo que está en juego, lo que al día de la fecha nadie puede avizorar es cómo puede acabar. También es fácil determinar el grado de desasosiego que este asunto ha instalado en la vida política nacional. Por cierto, en caso de que prospere el nuevo Estatuto en los términos que conocemos, ¿podremos seguir utilizando el término «nacional» para referirnos a los asuntos españoles del común? Cuando las decisiones políticas conllevaban cambios en el significado de las palabras, quiere decirse que la cosa es muy seria. Más de lo que a primera vista pueda parecer. Es verdad que en Cataluña hay ciudadanos que no se consideran españoles, pero no forman mayoría y bastaría analizar los resultados electorales de los últimos veinticinco años para corroborarlo. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?. Pues ésa es la cuestión. Sin duda estamos donde estamos por obra de políticos profesionales, no del impulso popular como ocurrió en tiempos de la Transición. Al hablar de profesionales de la política hablo de gentes que van a la suya, que viven de resolver los problemas que crean y que, en el mejor de los casos, a la manera de Esquilache, deciden por los demás. Tranquiliza saber que algunos ministros tienen claro que para ellos el concierto encubierto que entraña el sistema de financiación que trae el proyecto de Estatuto, la pretensión de establecer relaciones bilaterales con el Estado y las competencias blindadas son propuestas extraconstitucionales. Lo que resulta inquietante es que no todos los miembros del Gobierno de España sepan que España es la Nación que proclama la Constitución. Cosas así sólo pasan en España.

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