Recupera la selectividad como cauce único y no habrá que superar una segunda prueba
La Ley de Universidades reforzará las competencias de las comunidades
La ministra presenta el borrador a los rectores y a los consejeros autonómicos
María Jesús San Segundo, ayer, con Javier Álvarez Guisasola
Cada comunidad autónoma decidirá quién elegirá a los rectores de sus universidades, si lo hace la comunidad universitaria por voto ponderado o si la la elección la realiza el claustro. Eso es lo que se indica en el borrador de la Ley Orgánica de Universidaes (LOU), presentado ayer por la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, en el pleno del Consejo de Coordinación Universitaria, en el que participan los gobiernos regionales. La reforma incluye como novedad más llamativa, la vuelta a la prueba única de acceso a la Universidad, más conocida como selectividad. De esta manera, se elimina el segundo examen que podía determinar cada centro, según la norma aprobada por el Gobierno del Partido Popular. En cuanto al profesorado se refiere, el nuevo texto mantiene la exigencia de un 51% mínimo de funcionarios en la plantilla docente de cada Universidad, aunque introduce más flexibilidad para su contratación. Ahora, para optar a una plaza no será necesario superar el examen nacional de habilitación vigente, sino una acreditación por méritos académicos y concursos públicos en cada centro. También se pondrá en marcha un programa de financiación de plazas de movilidad del profesorado entre las distintas universidades. Además, el ministerio convertirá en un órgano público a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca), que tienen como obejtivo medir el rendimiento del servicio universitario español. En el plazo de un año habrá una ley específica sobre este organismo. Asimismo, se elaborará también el Estatuto del Estudiante y se creará el Consejo como órgano de representación y consulta. La nueva ley diseña unos programas específicos de ayuda para que las víctimas del terrorismo, de violencia de género y las personas con discapacidad puedan recibir ayuda personalizada. Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular rechazaron el anteproyecto y calificaron la futura Ley universitaria como «una ley que aleja a la universidad española de Europa».