Vender medicamentos sin receta se multará hasta con 90.000 euros La Comunidad de Madrid pide la retirada del anteproyecto de ley Los laboratorios podrán asumir las rebajas de forma gradual

El farmacéutico que dispense medicamentos sin receta podrá ser sancionado con una multa que oscilará entre 30.000 y 90.000 euros, según el anteproyecto de Ley del Medicamento propuesto por el Gobierno, que introduce también sanciones por la puesta en el mercado de medicamentos sin autorización, la falsificación de fármacos, la preparación de remedios secretos o la venta de medicamentos por Internet. Ésta es una de las principales novedades de la nueva ley, que incluye también una rebaja de un 20% en el precio de todos los fármacos que lleven más de diez años en el mercado, siempre que tengan un principio activo para el que haya un genérico en algún país de la Unión Europea. Ayer, la ministra de Sanidad llevó el texto al Consejo de Ministros para su aprobación y éste lo remitirá al Consejo de Estado para su estudio. La idea es que la futura Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios entre en vigor antes del verano. A partir de ese momento, las farmacias tendrán la obligación de facilitar a los ciudadanos un recibo con el nombre del medicamento, la aportación del usuario y el precio de venta al público, con independencia de que el precio esté también en el cartonaje del fármaco. Además, la nueva ley prevé la mejora de la información de los prospectos de los medicamentos, en los que se reducirán al mínimo los términos técnicos para facilitar su comprensión por parte de los pacientes. Sólo con carácter excepcional, como en caso de desabastecimiento, el farmacéutico podrá sustituir un medicamento prescrito por otro y se apuesta la prescripción por principio activo, lo que significa que el farmacéutico dispensará el fármaco de menor precio o el genérico cuando lo haya. Tal como se anunció en su día, la nueva Ley del Medicamento irá precedida por una rebaja del 2% en el precio de los fármacos y una reducción de un punto en el margen de los almacenes mayoristas. El Ministerio ha reconsiderado, tras consultar con el sector, varias de las medidas que incluía en el borrador inicial del proyecto, como autorizar las marcas de fantasía para los medicamentos genéricos, la eliminación del precio del cartonaje de los medicamentos o el requisito de la obligatoriedad de la firma del paciente en algunos casos de dispensación de fármacos. El texto incluye también sanciones a quienes ofrezcan bonificaciones, descuentos o similares a los médicos con el fin de que receten determinados productos farmacéuticos. El anteproyecto de ley del medicamento ha provocado reacciones de todo tipo. La Comunidad de Madrid pidió ayer su retirada, «por haber sido elaborado sin el consenso de las comunidades autónomas», y el Partido Popular por boca de su secretaria de Políticas Sociales y Bienestar, Ana Pastor, centró sus críticas en que, a su juicio, «se anulan los precios de referencia y ello supone una pérdida de ahorro». El texto tampoco gustó a las asociaciones farmacéuticas de Madrid (Adefarma) y de Cataluña (Fefac), quienes piensan que la nueva medida tendrá «efectos negativos». En un comunicado conjunto, ambas asociaciones señalan que la nueva ley «encierra un deseo de recortar las libertades del farmacéutico, cuyo papel profesional se posterga». Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera que, en términos generales, el anteproyecto de la ley «es positivo», aunque precisa que, en su opinión, «debería establecer un sistema de precios de referencia basado en función del más barato del mercado, en vez de utilizar la media de los tres mas bajos». El Gobierno, según explicó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, creía que era necesario «ordenar» un sector que por sus peculiaridades exige control. Sanidad ha tenido en cuenta las alegaciones de la industria farmacéutica y ha establecido que las empresas puedan asumir la rebaja de precios en varios años de forma gradual. Si se reduce el precio de un medicamento en más de un 30%, los laboratorios podrán hacerse cargo de la rebaja en mínimos del 30% al año hasta alcanzar el precio de referencia. Además, ha terminado con un problema importante. Si un medicamento introduce leves mejoras (por ejemplo que tenga un mejor sabor, pase a ser efervescente o se le incorpore un efecto retardado) no será considerado innovador. Con el sistema de precios de referencia vigente con el PP se dieron casos de medicamentos que subieron su precio hasta un 80% por introducir ligerísimas mejoras. A partir de ahora, la innovaciones galénicas (que así se llaman los cambios que no comportan un mayor poder terapéutico) serán retribuidas por la Administración, pero en su justa medida. Los medicamentos con estas mejoras podrán beneficiarse de una diferencia de precio del 15%, 10% y 5%, respectivamente, durante los tres primeros años. Este margen se calcula con relación al precio de referencia del conjunto terapéutico. Los precios de referencia no afectarán a lo fármacos que cuestan menos de dos euros.