Bienes de dominio público

Durante su intervención, el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Jorge Requejo, afirmó este convenio sirve para añadir a los bienes de dominio público la protección que hasta ahora se ha dado a los de propiedad privada. La legislación contemplaba que los bienes de dominio público, por su propia naturaleza, estaban más defendidos que ningún otro y a nadie se le podía imaginar que alguien iba a ocupar una carretera, un camino, una vía pecuaria o un monte público. La realidad es todo lo contrario y hay invasiones y ocupaciones de bienes de dominio público. Aseguró que lo que se pretende con este convenio es definir el espacio que corresponde a los bienes de dominio público y darles la protección que el registro de la propiedad atribuye a todo al que acude a obtener la inscripción de sus bienes e informar al tráfico jurídico-inmobiliario de las limitaciones que afectan por su naturaleza medioambiental a los espacios definidos con estas características. «Es decir, que cuando uno adquiere una finca necesita, además de saber si el vendedor es el verdadero propietario, tiene un embargo o una hipoteca, si existen limitaciones de carácter público, porque no se puede utilizar de la misma manera una finca sujeta a restricciones medioambientales que aquella que no lo está. Porque la existencia de cargas ocultas produce un entorpecimiento en el tráfico y un encarecimiento de las fórmulas de financiación para su adquisición», concluyó.