El PP culpa a Carod-Rovira de la supresión de las enseñanzas comunes del temario educativo
En paralelo a los esfuerzos negociadores del PSOE, el PP se reunió este domingo con padres, alumnos, directores de colegios y profesores en un acto de apoyo a la «educación de calidad», pero con un importante trasfondo político y partidario. La cita tuvo lugar en la sede central del PP, en la calle Génova, y le sirvió al secretario general del partido, Ángel Acebes, para sacar a colación su tema favorito, las presuntas ataduras que el tripartito catalán impone al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Les hemos preguntado (a los asistentes) si mandarían a sus hijos donde las clases las dieran Zapatero, Llamazares y Carod, porque eso es lo que va pasar si se aprueba la LOE», afirmó en la rueda de prensa posterior. Desintegración de España Acebes, que compareció acompañado de la secretaria de Política Social, Ana Pastor, atribuyó también a la influencia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y a su líder, Josep Lluis Carod-Rovira, la supuesta «desaparición» de las enseñanzas comunes del temario educativo, gestionado por las comunidades autónomas. La consecuencia en el futuro sería, a su juicio, la desintegración de España. «Si no hay una enseñanza común, no habrá una España común», aventuró. «Al Ejecutivo le pedimos que hable con el Partido Popular porque no puede gobernar a espaldas de millones de españoles, aunque no sabemos si es que sus socios (tripartito catalán) no le dejan», indicó la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor. Consenso durante 15 años El número dos del PP cargó además contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, una vez más -dijo Acebes- inspirada en las exigencias de los socios «izquierdistas e independentistas» del Ejecutivo, y que implantará un modelo «doctrinario», obsoleto y «discriminatorio para los que menos recursos tienen». Pastor reclamó al PSOE que negocie con el PP para asegurar un consenso que permita estabilizar el modelo educativo durante un plazo de quince años, y también acompañó su requerimiento con la consabida alusión a sus socios parlamentarios, IU y ERC. «No sabemos si es que no quiere hablar con nosotros porque sus socios de gobierno no le dejan», remachó.