El Gobierno canario abre un expediente a la empresa eléctrica Unelco por los cortes de luz
La tormenta «Delta» deja pérdidas de 300 millones de euros en Canarias
El Consejo de Ministros aprueba hoy un real decreto con ayudas e indemnizaciones
Una camarera prepara bocadillos a la luz de las velas en Tenerife
La tormenta tropical Delta ha provocado unas pérdidas que superarían los 108 millones de euros en Tenerife y alcanzaría los 31 en la isla de La Palma, principalmente en el sector de la agricultura. Las pérdidas totales podrían llegar a unos 300 millones de euros, según las primeras estimaciones sobre sus efectos aportados por los presidentes de las islas al jefe del Ejecutivo canario, Adán Martín. Los presidentes insulares se reunieron durante dos horas y media, junto al vicepresidente primero de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, con el presidente canario para realizar una primera valoración de los daños causados por Delta en los distintos sectores productivos, las infraestructuras y el patrimonio, según informó Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife. Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer abrir un expediente informativo a la empresa Unelco-Endesa para investigar sus posibles responsabilidades sobre la tardanza en la reposición del suministro eléctrico en Tenerife. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, quien indicó que Unelco-Endesa ha informado al Ejecutivo de que ha repuesto un cable de 66 kilovoltios de la central de Caletillas que dejó fuera de servicio la tormenta tropical lo que permitirá reponer el suministro eléctrico del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como en Tegueste. El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros, un real decreto ley con indemnizaciones, ayudas y subvenciones para paliar los daños causados por la tormenta tropical en Canarias, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno. El Real Decreto Ley de medidas urgentes para reparar los daños establecerá -explicaron las fuentes- un catálogo de indemnizaciones a los agricultores afectados y de subvenciones de hasta un 50% para las reparaciones de las infraestructuras públicas dañadas. El Ejecutivo contempla la concesión de créditos privilegiados, cuyo importe está todavía por cuantificar, para paliar el impacto en las empresas, explotaciones agrarias y particulares afectados.