El Gobierno insta a las autonomías a pagar el 50% del Sistema de Dependencia

Después de lograr un acuerdo con los agentes sociales -sindicatos y empresarios- sobre el futuro Sistema Nacional de Dependencia, el Gobierno abre ahora la ronda de contactos con las comunidades autónomas, grandes protagonistas junto a la administración central de este reto inmenso. Sin ellas, simplemente no sería posible, dado que gestionan -en menor medida también los ayuntamientos- las competencias en asuntos sociales, y compartirán el esfuerzo presupuestario de poner en marcha el cuarto pilar del estado del bienestar. El Ejecutivo pedirá a las comunidades que aporten algo más de 12.000 millones de euros en los ocho años que tardará el sistema en ponerse a pleno rendimiento, del 2007 al 2015. Es, dijo Jesús Caldera, la misma cantidad que la administración central se ha comprometido a invertir para garantizar la implantación de este nuevo derecho social para todos los españoles que por enfermedad o discapacidad no puedan valerse por sí mismos. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunció ayer que esta semana abrirá una ronda de contactos con las comunidades autónomas preparatorias de la Conferencia Sectorial del próximo 18. Será en este foro decisivo donde empezará a negociarse el texto aprobado el 23 de diciembre en Consejo de Ministros. Hasta ahora, el anteproyecto de Ley de Autonomía --que llegará al Parlamento en dos o tres meses- ha concitado el aplauso de sindicatos y empresarios, pero serán los gobiernos autonómicos los que deberán darle el sí y aprobar el cuadro macroeconómico propuesto. El Ejecutivo central espera repartir con las administraciones autonómicas (y locales) al 50% la carga financiera del coste nuevo de levantar el «edificio· de atención integral a la dependencia. Por su parte, se compromete a invertir 12.638.197.811 millones de euros hasta el 2015 de forma progresiva. Así, pasará de los 400 millones del primer año (2007), a los 1.500 en el año 2011 y a los 2.212 millones en el ejercicio 2015, cuando ya estará activo al cien por cien. «Si las CCAA hacen una aportación similar, que es la propuesta, se cubrirían las necesidades del sistema de dependencia», además de las aportaciones que harán los propios usuarios. Aunque ninguna ha dado aún garantías, Caldera confía en un consenso autonómico general por pura lógica. «No alcanzaría a comprender que alguien no quisiera participar». De ser así, «tendría que explicárselo a sus ciudadanos», añadió. El argumento vale también para el futuro debate de la ley en el Parlamento. De momento, sólo sus socios de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han adelantado el respaldo, pero espera que el PP sea consecuente y secunde una iniciativa que ya recomendó la Mesa del Pacto de Toledo en el 2003, cuando gobernaba aún José María Aznar. A los usuarios se les hará un «traje a medida». El Estado y sus administraciones catalogarán a los dependientes según su grado de incapacidad para valerse por sí mismos.