Más de mil municipios españoles no depuran sus aguas residuales

El pasado 1 de enero entró en vigor la Directiva Europea sobre depuración de aguas residuales en la que se especifica que todos los municipios españoles de más de 2.000 habitantes equivalentes deberán contar con un sistema que garantice el tratamiento adecuado de sus aguas antes de ser vertidas a los ríos o al mar. En la práctica, la realidad es muy distinta. Según datos oficiales, de los 2.274 núcleos de población que hay en España, 1.195 cumplen con la normativa y cuentan con estaciones de depuración de aguas residuales (Edar), o bien están en construcción. Los 1.079 restantes, están fuera de la ley. La mayoría (el 25%) corresponden a pequeños municipios de Andalucía, seguidos de los de Extremadura (23,5%). Ceuta, Melilla, Navarra, Murcia, Galicia y Cantabria tienen un número de habitantes sin depuradora que no llega al 5%. Adaptarse a la directiva comunitaria supondrá un enorme esfuerzo económico calculándose que su construcción se acercará a 4.000 millones de euros. Esta falta de cumplimiento supondrá que España se enfrente a un procedimiento de infracción por parte de la UE. Cuando la Comisión Europea recibe una denuncia, en la mayor parte de los casos por parte de grupos ecologistas o vecinos afectados, o detecta que se incumplen las normas comunitarias, lo primero que hace es avisar al Gobierno en cuestión, posteriormente le advierte por escrito y si no pone en marcha medidas correctoras lo denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo. En Castilla y León En Castilla y León, según se afirma desde la Consejería de Medio Ambiente, el Plan Regional de Saneamiento, que contempla tanto la disponibilidad de agua en cantidad y calidad como la depuración de las aguas residuales en todos los municipios de la Comunidad, ha cumplido con el objetivo de tener licitados, en ejecución o en servicio antes del cierre del ejercicio 2005, la totalidad de las depuradoras de los núcleos mayores de 15.000 habitantes equivalentes. En la actualidad, se encuentran en servicio cerca de una treintena de depuradoras que permiten garantizar el tratamiento adecuado de las aguas a una población equivalente superior a los 3 millones, sobre una población total cifrada en 4,2 millones. Durante el año 2005, el Departamento regional que dirige Carlos Fernández Carriedo ha realizado actuaciones inversoras por importe de 46 millones de euros que benefician a 300.000 habitantes equivalentes. El consejero ha asegurado que durante el presente año están previstas 89 actuaciones inversoras en materia de depuración de aguas residuales por importe de 55,3 millones de euros. Según afirmó, «se pretende la depuración de los principales núcleos urbanos y los espacios naturales, con el fin de garantizar un agua de calidad en las cabeceras de los ríos y en estos entornos». Carriedo hizo este anuncio tras firmar un convenio con la Diputación de Soria y once ayuntamientos de la provincia para depurar el espacio natural del Cañón del Río Lobos que beneficiará a una población de 13.700 habitantes y tendrá su continuidad a lo largo del año en los Parques Regionales de Picos de Europa y Sierra de Gredos, así como en el Parque Natural del Lago de Sanabria. La Consejería financiará el 50% de los gastos que mantenimiento y explotación de las instalaciones que en el caso del Cañón del Río Lobos se eleva a 150.000 euros. La Administración regional ha fijado el año 2007 como marco temporal definido para tener en licitación las soluciones que den respuesta a las necesidades de depuración de las localidades cuya población se encuentre entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes. Se pretende conseguir durante la presente legislatura la depuración de aguas del 85% de la población de la Comunidad.