Plantea que el Código Penal recoja como delito conducir con un gramo de alcohol en sangre
Tráfico propone cárcel por ir a más de 180 por hora o muy ebrio
La DGT reclama entre tres meses y un año de prisión y la retirada del carné de uno a cuatro años
Tráfico quiere que haya penas de cárcel para castigar las conductas más peligrosas al volante. El director general de la DGT, Pere Navarro, reclamó ayer una reforma del Código Penal que convierta en delito los excesos de alcohol y velocidad, así como conducir con el carné retirado. La propuesta de Tráfico es que se entienda por conducción temeraria aquella en la que se supere en 60 kilómetros por hora el límite establecido o conducir con el doble de la tasa de alcohol en sangre permitida, que es 0,5. Resumiendo, podrán ir a la cárcel todos los que circulen a más de 180 kilómetros por hora en autovía y a más de 110 en ciudades o travesías y los que lo hagan con una tasa de un gramo de alcohol en sangre. Pere Navarro explicó, no obstante, que en Tráfico hay expertos que abogan por que el nuevo Código Penal apunte que la tasa de alcohol que se penalice sea la que supere un cien por cien el limite permitido, ya que los conductores profesionales no pueden superar los 0,3 gramos y saldrían «beneficiados» si sólo van a la cárcel a partir de un gramo. Para ellos, la propuesta sería pena de cárcel si el alcoholímetro marca 0,6. Las penas que se plantean para estos supuestos son de tres a seis meses por el exceso de velocidad y de tres meses a un año por el exceso de alcohol. Además, la DGT quiere que la pena vaya acompañada por trabajos en beneficio de la comunidad y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre uno y cuatro años. Navarro explicó que el actual Código Penal sólo define la temeridad manifiesta, en el artículo 379, como la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas «con altas tasas de alcohol en sangre y con un exceso desproporcionado de velocidad». Situaciones de impotencia Esa indefinición, según contó el director general de Tráfico ante la comisión de Seguridad Vial del Congreso, provoca situaciones que generan gran impotencia, ya que los fiscales devuelven a las jefaturas todas las denuncias impuestas a conductores que iban 220, 240 y 250 kilómetros por hora «pidiendo que se demuestren que se ha puesto en peligro la integridad física de las personas para poder condenar». La mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron a favor de las propuestas de la DGT e, incluso, plantearon ir más allá y convertir en delitos algunas maniobras antirreglamentarias.