Madrid deja fumar en las cafeterías de más de 10 metros de las empresas

El Gobierno de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, desafió ayer al Gobierno central al aprobar una norma que contradice algunos aspectos de la ley antitabaco de ámbito estatal. Frente al carácter más restrictivo de la norma patrocinada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el decreto aprobado por Aguirre permite fumar en las cafeterías de los centros de trabajo siempre que tengan más de 100 metros cuadrados. La iniciativa de Esperanza Aguirre confiere al anfitrión de bodas y banquetes la libertad para decidir si se fuma en ellos. El texto prevé que se podrá fumar en los locales al aire libre o que no estén techados ni cerrados. También se podrá inhalar humo en los espacios que tengan «cubierta móvil o practicable» si ésta se halla abierta. Según el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, la iniciativa no es «inconstitucional ni ilegal», al tiempo que hace prevalecer los derechos del no fumador. De acuerdo con el decreto dado a conocer ayer, que desarrolla la ley antitabaco auspiciada por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, la Comunidad de Madrid cofinanciará los tratamientos para abandonar la adicción, algo que descartó en su día el Gobierno central. Los métodos de deshabituación, que ahora se limitan a profesores y profesionales sanitarios, se extenderán «al resto de trabajadores públicos y de empresas privadas, así como a colectivos de riesgo». Una excepción La tolerancia hacia bares y restaurantes de centros de trabajo tiene una excepción: estará prohibido encender un cigarrillo en los locales pertenecientes a instituciones sanitarias y educativas. El texto, que será estudiado por el Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado, subsana la «falta de concreción y la inseguridad jurídica» de que adolece la ley de ámbito nacional. Para Lamela, es preciso proteger la «libertad» de bares con una superficie inferior a los cien metros cuadrados para que sean los dueños los que permitan si se fuma o no en su local. El Gobierno no descarta emprender acciones judiciales contra el decreto que prepara el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el consumo de tabaco si persiste en sus términos actuales. Para el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, el texto enviado al Consejo de Estado por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre «es contrario al espíritu» de la ley antitabaco aprobada por el Gobierno central. A juicio de Martínez Olmos, es «sorprendente» la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por cuanto la ley estatal contra el tabaquismo fue aprobada por unanimidad por el Parlamento. «Cualquier persona que asista al debate que se está produciendo tendrá la impresión de que el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, quiere favorecer que se fume». El decreto provocó el rechazo de las sociedades médicas, pero el apoyo del sector hostelero. Desde el Ministerio de Sanidad, cuya responsable, Elena Salgado, se opuso tajantemente a anteriores borradores del decreto, difundidos en los medios días atrás, ayer se evitó opinar sobre esta norma, a la espera de estudiar el nuevo documento. En contra del decreto de la Comunidad de Madrid se pronunció, en declaraciones a Efe, el presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), Rodrigo Córdoba, quien calificó de «ilegal» el decreto de las autoridades sanitarias madrileñas. El presidente del CNPT, una entidad que integran unas 40 sociedades médicas, señaló que se estudiará el decreto de la Comunidad de Madrid, y si la organización que dirige puede entablar acciones legales contra él, lo hará. La ley del tabaco, dijo, no ofrece «ni fisuras, ni ambigüedades, ni interpretaciones; las cafeterías y los comedores forman parte de la empresa, y ahí no se puede fumar», agregó. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid tildó de «ilegal» el decreto, y anunció que está dispuesta a emprender acciones legales para impugnarlo. En una nota de prensa, la asociación argumenta que la ley estatal es de «carácter básico y por tanto es de obligado cumplimiento por todas las comunidades autónomas; cualquier modificación de la misma escapa de las competencias de la Comunidad de Madrid». El presidente de la Asociación Nacional de Empresas por la Calidad del Ocio, Dionisio Lara, respaldó el decreto de Madrid, y auguró que el resto de las CCAA, «más allá de su signo político», van a optar por redactar normas similares a la madrileña. A juicio de Dionisio Lara, el desarrollo reglamentario de Madrid «pone un punto de sensatez a la Ley del Ministerio de Sanidad», y subrayó que la Comunidad de Madrid tiene «cobertura jurídica para hacer lo que está haciendo». El Club de Fumadores por la Tolerancia, en una nota, valoró el esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid en el decreto, pero lo consideró «insuficiente» y pidió más medidas en interés de los trabajadores fumadores.