El Gobierno impone la paridad en la política y la aconseja a las empresas

El Gobierno ha decidido, sólo unos días antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (el 8 de marzo), imponer la paridad obligatoria en las listas electorales e impulsarla en el ámbito empresarial. El anteproyecto de la Ley de Igualdad que ayer llevó al Con-sejo de Ministros obligará a que a partir de ahora en todos los comicios concurran al menos un 40% de mujeres en las listas y un máximo de un 60%. Además, se pretende que en cuatro años el equilibrio entre hombres y mujeres llegue también a los consejos de administración de las grandes empresas. Aquellas que consoliden la igualdad en la plantilla y la dirección tendrán ventaja para contratar con las administraciones públicas, según adelantó ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera. El Ejecutivo de Zapatero ha hecho de la Ley de Igualdad una de sus medidas estrellas y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no dudó ayer en decir que «es la norma más importante desde que se aprobó la Constitución Española». El texto que el Gobierno quiere aprobar incluye multas de hasta 90.000 euros para las empresas que discriminen a trabajadores por razón de sexo o que permitan una situación de acoso si la conocen. Paternidad El grueso de la nueva normativa es un importante paquete de medidas en materia laboral, entre ellas el reconocimiento de un permiso de paternidad independiente del de la madre y de ocho días de duración que se sumarán a los dos que ya tenían. Se establece también el dere-cho del trabajador y trabajadora a adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo o el de la mujer a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas. Además, se amplía hasta los ocho años el derecho a reducir la jornada entre un octavo y la mitad para el cuidado de los niños y también se concederá esta reducción a las personas que atienden a mayores con discapacidad.