Un juez obliga a ingresar contra su deseo a una joven con anorexia

La Sección 18 de la Audiencia de Barcelona ordenó ayer el ingreso en un centro hospitalario de Rocío S., una mujer de 20 años que sufre de anorexia nerviosa y bulimia, a pesar de su rotunda oposición a ser tratada por los médicos. El tribunal señala en su decisión judicial, que puede ser recurrida en un plazo de cinco días, que decreta el ingreso involuntario de la joven «en el centro médico que proceda» porque está afectada de un «trastorno psíquico» que le impide valorar adecuadamente la realidad y su propio estado de salud. Rocío S., que mide 1,70 y llegó a pesar 34 kilos, también ha consumido drogas y ha intentado suicidarse en varias ocasiones, la última el pasado 11 de diciembre, cuando se cortó las venas e ingirió un vaso de lejía. Ángeles y María del Valle, las dos hermanas de Rocío S., solicitaron hace un año a un juzgado de Badalona que obligara a la joven a someterse a tratamiento porque ésta se negaba a hacerlo voluntariamente, y entregaron informes médicos que alertaban sobre el peligro de muerte que corría la enferma. Sin embargo, la titular del juzgado número dos de primera instancia de Badalona denegó, en un auto dictado el 14 de abril del año pasado, el ingreso involuntario por vía judicial de la joven en un hospital. La familia recurrió la decisión judicial ante la Audiencia de Barcelona, y expresó en varias ocasiones su preocupación por la vida de la enferma a través de los medios de comunicación. Las dos hermanas solicitaron a la justicia que autorizara el internamiento de Rocío en la Unidad de Trastornos de la Alimentación del Hospital de Bellvitge o en el departamento de Psiquiatría del Hospital Vall d Hebron de Barcelona. Adjuntaron un informe sobre su hermana emitido por el Hospital de Sant Pau de Barcelona con el diagnóstico de anorexia, bulimia, «sobreingestas sin control, con inducción del vómito» y «rasgos límite de personalidad». Las hermanas presentaron en el juzgado de Badalona otro informe del Hospital de Bellvitge en el que consta que «tras hablar con la paciente no acepta ingreso voluntario en nuestro centro ni en el hospital de Sant Pau. Se comenta con la familia la incapacidad de ingresar involuntariamente a la paciente si no es con orden judicial, por lo que se recomienda agilizar los trámites judiciales.