La ayuda media a los 1,4 millones de dependientes será de 400 euros

El Gobierno dio este viernes luz verde, para su posterior trámite parlamentario, al proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, la iniciativa que requerirá de un mayor esfuerzo presupuestario en la presente legislatura y que supondrá una irreversible «revolución social», en palabras del ministro Jesús Caldera, que permitirá asistir a las personas que no pueden valerse por sí mismas, en su mayoría ancianos, en las actividades diarias. Del calibre y proyección futura de esta norma da cuenta el que, en el 2015, cuando la implantación gradual de este sistema de asistencia se haya generalizado a todos los usuarios -se calcula que cerca de 1,4 millones -para entonces la ayuda media por persona, procedente de la financiación pública, superará los 375 euros mensuales. Según el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, este «nuevo derecho ciudadano, que no beneficiencia», evidenciará un profundo «cambio histórico», toda vez que las labores de ayuda y atención que hasta ahora eran privativas de las familias serán, por completo, «responsabilidad de los poderes públicos». El nuevo sistema se convierte así, según el Gobierno, en el «cuarto pilar» del Estado del bienestar, tras los sistemas sanitario, educativo y de pensiones que fueron desarrollados en la década de los ochenta. Todas aquellas personas que por motivos de edad, enfermedad o discapacidad no puedan desempeñarse por sí mismas tendrán acceso a servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales...) o prestaciones económicas, por este orden. Comenzará a aplicarse a partir de inicios de 2007, con una inversión inicial de 400 millones de euros, pero una vez consolidado, en 2015, habrá requerido una inversión total por parte del Gobierno de casi 13.000 millones de euros. Cofinanciación Pero la financiación de este ambicioso sistema no dependerá exclusivamente de la Administración central y las comunidades autónomas aportarán similar cantidad, ya que les corresponderá cofinanciar la mitad de las inversiones públicas en esta materia. Los objetivos se centran en pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en el 2015. Los beneficiarios participarán en la financiación de esta cobertura en función de su renta y patrimonio «de forma equilibrada y justa», sin que ninguna persona puede dejar de recibir atención por falta de recursos. La aportación concreta de los beneficiarios será establecida una vez aprobada la ley, si bien Caldera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estimó que esta tercera vía de financiación del sistema -junto al Gobierno central y las comunidades autónomas -no superará de media el 30% de la inversión total. Este copago disfrutará de beneficios fiscales, subrayó el ministro, con un tratamiento similar al de los planes de pensiones. El ministro hizo especial hincapié en que el Gobierno «no consentirá fraudes» a la hora de beneficiarse del sistema. El Gobierno calcula que en torno a 1,1 millones de personas no pueden desarrollar su vida cotidiana con normalidad, pero en los próximos 15 años se elevará a 1,5 millones por el aumento de esperanza de vida, precisó la portavoz del Gobierno y vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Hasta hora, las personas dependientes necesitaban una media de seis horas de ayuda diaria, en su mayoría prestadas por las familias y, en especial, por las mujeres. El PP pide un gran pacto El PP apoyará la Ley de Dependencia pero solicita la «generosidad» del Gobierno para que haya un gran pacto político que «cuente con el apoyo de todos», precisó la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar, Ana Pastor, que pidió conocer las cifras de financiación para el 2007 y 2008 y se lamentó de que el texto sólo haya sido debatido «con los socios» del Ejecutivo. El portavoz de CiU, Carles Campuzano, anunció que presentarán una enmienda a la totalidad pues la nueva ley «ignora las competencias que el nuevo Estatut otorga a Cataluña en materia de servicios.