Escalera sin fin

EL PRESIDENTE de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, advirtió recientemente del peligro de que las reivindicaciones estatutarias acaben por ser «una escalera que no tiene fin». «Los que tuvieron un Estatuto antes de la Guerra Civil -dijo- consideran que representan un paso más que los que no lo tuvieron y, cuando otros se igualan, ellos piden un escalón más», en una escalada «excesiva», a la que «todos deberían poner fin». Pero nadie parece dispuesto a hacerlo. Ni los más convencidos. Sus palabras fueron alabadas por afines -no todos los socialistas-, criticadas por nacionalistas, distorsionadas por el PP y aprovechadas por muchos para pronunciarse una vez más sobre el tema. Casi nadie prestó atención a lo que de verdad quería Guerra, que era expresar su inquietud por la actual «desviación territorial», en detrimento de los planteamientos ideológicos. Porque, según él, cada partido debe tener un proyecto y, sobre esas ideas, construir una acción política, y no al revés, construyendo sobre cada acción política el ideario que más conviene. Ocurre así que, cuando un partido político de la derecha o la izquierda plantea una propuesta que cree beneficiosa para su comunidad, da igual si ésta -la propuesta- es conservadora o progresista: «Todos se suman, nadie quiere quedar atrás». Éste es el mal que denunció Guerra: la «fiebre reformadora», que lleva a algunos partidos, de un modo oportunista, a ir «más allá de lo que habían pensado nunca». Dejando a un lado su butade de que algo parecido ocurrió en el momento de la disolución de la URSS, la realidad es que el debate «nación sí, nación no» no puede reducirse a un chascarrillo. Como dijo el propio Alfonso Guerra, «que en Andalucía se defienda el término nación es que se han vuelto literalmente locos, porque el 99% de los ciudadanos dicen que eso es una tontería». Pero en ésas estamos. Por ello me ha parecido lúcida y pragmática una intervención de Emilio Pérez Touriño el pasado lunes en Madrid sobre la vía gallega para la reforma estatutaria. El objetivo tiene que ser un Estado capaz y unas autonomías que funcionen. Lo demás es política de campanario.